Campesinos piden una política pública ambiental y agraria que reconozca la realidad del campo

Desde Boyacá insisten en su rechazó al anuncio del ICA de limitar la ganadería en las áreas protegidas.

Luego de varias reuniones con habitantes de los páramos situados al interior de parques nacionales y regionales naturales de 17 municipios de Boyacá, se produjo una declaración campesina en la cual se exponen los argumentos de su rechazo al alcance de la Resolución 7067 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

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En las sesiones de trabajo estuvieron presentes comunidades rurales de Socha, Tasco, Socotá, Jericó, Chiscas, Chita, Tutazá, Gámeza, Duitama, Sogamoso, Belén, Guicán, Cocuy, Sativa Norte, Nobsa, Susacón y Cubará, además de representantes de la Asociación Nacional Campesina ‘José Antonio Galán Zorro’.

En la mencionada declaración, las personas que conviven con parques nacionales y regionales naturales expresaron lo siguiente:

“Los y las habitantes de páramos y parques naturales somos parte de una construcción ancestral e histórica del territorio y durante siglos hemos defendido estos lugares como reservas de vida, enfrentando la pobreza y las normas que nos persiguen y estigmatizan como un agente nocivo y perjudicial para el cuidado de las áreas protegidas y el medio ambiente.

– La Resolución 7067 del ICA es una muestra más del carácter autoritario de los gobiernos, ya que busca la salida de todos los animales bovinos y bufalinos de las áreas protegidas, sin diferenciar a las familias con pocas cabezas de ganado de los grandes terratenientes deforestadores que destruyen las zonas del país.

– Esta resolución debe ser detenida inmediatamente y se deben abrir espacios de discusión con las comunidades campesinas que habitamos los territorios.

– Las corporaciones regionales y Parques Nacionales indican que, por medio de acuerdos de conservación, no se aplicarían las medidas de la Resolución 7067; sin embargo, esta “solución” no tiene mayor alcance puesto que la vigencia de la Ley 1955 de 2019 caduca en los próximos meses con la entrada del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. En esa misma línea, la resolución no es clara al indicar cuáles son las condiciones de vulnerabilidad para acceder a estos acuerdos y qué vigencia deben tener para que el ICA los encuentre exceptos de la aplicabilidad de las medidas, así como tampoco se conocen recursos destinados a acuerdos de conservación.

– La política de delimitación de páramos sigue avanzando con la zonificación de las áreas delimitadas y las construcciones de planes de manejo, sin la participación directa de las comunidades. No se han visto las partidas presupuestales y proyectos productivos destinados a mejorar las condiciones de vida de las comunidades y transformar las técnicas de producción convencionales. Lo que sí se ha visto es el cierre de posibilidades de producción por los costos de insumos, la manipulación de los mercados y el cierre de créditos para los campesinos en páramos.

– Es urgente diseñar e implementar una política pública ambiental, agraria y campesina que no desconozca la realidad del campo colombiano, ni la presencia histórica del campesinado en los territorios de conservación. Pero que sí distinga que hemos sido guardianes del agua y la biodiversidad. La visión de esta política no nos puede igualar a los grandes latifundistas y hacendados.

– Esa política ambiental, agraria y campesina debe respetar nuestras normas comunitarias y los planes de vida y manejo del territorio, poniendo la producción agroalimentaria por encima de los intereses extractivistas de la clase dominante.

– Rechazamos el documento del 14 de junio del 2022, emitido por la Gobernación de Boyacá y dirigido a la directora del ICA, donde se establece, entre otras disposiciones, estar de acuerdo con las medidas de la Resolución 7067 del ICA y se sugiere socializar y ampliar el plazo de implementación de 90 días a dos años, dejando de lado los espacios de concertación con la comunidad que se verá directamente afectada por la normativa.

Estamos decididos a tomar las acciones necesarias para defender nuestra economía campesina y la permanencia en el territorio.

Tomaremos medidas de tipo jurídico y abrimos la posibilidad a espacios de diálogo y concertación partiendo de detener dicha resolución del ICA. De ser necesario, nos movilizaremos como fuerza campesina para hacer respetar nuestros derechos”.

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