La discusión sobre la posible tala de 708 árboles en el Parque Recreacional del Sur y otros 110 en la Plaza 6 de Septiembre se encuentra actualmente en evaluación por parte de Corpoboyacá, entidad encargada de decidir sobre la solicitud de aprovechamiento forestal presentada por la administración municipal. A este grupo se suman 32 palmas, situadas sobre la carrera 11, que según el gobierno local representan riesgo para la comunidad.
Durante las audiencias públicas ambientales realizadas el pasado 20 de marzo, el secretario general de la Corporación, Rafael Rojas Azula, explicó que el papel de la entidad en esta etapa es principalmente participativo.
“La idea es que la comunidad conozca el proyecto y el proceso, y que pueda sentirse tranquila frente a una decisión que será netamente técnica”, señaló.
El funcionario precisó que este tipo de audiencias no son espacios decisorios, de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, sino escenarios para recoger observaciones ciudadanas que posteriormente serán evaluadas dentro del análisis técnico.
La decisión final dependerá del cumplimiento de la normatividad vigente, la evaluación de impactos ambientales, la caracterización de las especies involucradas y la definición de eventuales medidas de compensación.
Alcaldía defiende la intervención
Frente a las críticas, la Alcaldía de Sogamoso sostiene que la intervención en el Parque Recreacional del Sur está respaldada en la necesidad de mejorar la infraestructura recreo deportiva, y en reemplazar las especies exóticas. Una opinión que comparten otros ciudadanos que asistieron a las audiencias.
Y la de la Plaza 6 de Septiembre responde a la pretensión de mejorar las condiciones ecológicas del arbolado urbano existente.
Según la administración, los árboles actuales presentan limitaciones en términos de biodiversidad y funcionalidad ambiental. Entre los principales argumentos expuestos se encuentran la baja oferta floral, una débil interacción con la fauna, como aves e insectos, y una alta presencia de especies exóticas, en contraste con una reducida diversidad de especies nativas.
En ese sentido, el proyecto plantea una renovación del arbolado basada en especies que, según el municipio, fortalecerían la biodiversidad local y los servicios ecosistémicos. La propuesta incluye la siembra de especies como uva camarona (Macleania rupestris), cerezo criollo (Prunus serotina) y carieco (Billia rosea), seleccionadas por su capacidad de aportar alimento y hábitat para la fauna.
Además, se contempla una estructura vegetal diferenciada por alturas. Por un lado, especies de porte alto como guayacán de Manizales, duraznillo, sangregado y mangle; y por otro, especies de porte bajo como hayuelo, uva camarona y fucsia arbustiva.
De acuerdo con la Alcaldía, esta configuración permitiría no solo mejorar la biodiversidad, sino también generar conectividad ecológica urbana entre distintos sectores de la ciudad, incluyendo el río Monquirá, la carrera 11, la misma Plaza 6 de Septiembre, y el parque El Laguito.
La administración sostiene que, en conjunto, estas acciones tendrían impactos ambientales positivos, al favorecer la presencia de flores, frutos y semillas, y contribuir tanto al paisajismo urbano como a la provisión de servicios ecosistémicos.
Participación ciudadana: entre el trámite y la incidencia real
Desde la Personería de Sogamoso se puso el foco en la necesidad de que la participación ciudadana tenga efectos reales en la decisión.
El personero César Olmedo Hernández insistió en que estos escenarios deben garantizar una intervención amplia, informada y efectiva.
“Este es un espacio donde deben presentarse ideas, conceptos y estudios que le ayuden a la autoridad ambiental a tomar una decisión”, afirmó.
Aunque reconoció que se han cumplido requisitos formales, la Personería realizó observaciones sobre aspectos logísticos y de divulgación, solicitando ampliar los canales de información para garantizar que las comunidades potencialmente afectadas puedan participar.
También advirtió sobre la necesidad de verificar si la ciudadanía ha estado realmente involucrada en la construcción de los estudios de impacto ambiental, un componente clave dentro del proceso.
Críticas desde el ámbito político nacional
El caso también generó reacciones en el escenario político. La senadora Aída Avella contradijo la pertinencia de los proyectos y su posible contradicción con la legislación ambiental.
“Eso no se hace. Están contradiciendo las principales leyes”, afirmó.
La congresista citó normas como la Ley 2173 de 2021, la Ley 1021 de 2006 y la Ley 2476 de 2025, y advirtió que una eventual autorización podría sentar un precedente negativo en un contexto global que promueve ciudades más verdes.
Asimismo, cuestionó la manera en que se está entendiendo el desarrollo urbano, señalando que existen alternativas para ejecutar proyectos de infraestructura sin recurrir a la tala masiva de árboles.
Una negativa argumentada
Las organizaciones socio – ambientales han sido actores activos en el proceso. Sonia Pérez, integrante de la Asociación Semillas, destacó el nivel de participación ciudadana en las audiencias, pero advirtió sobre los impactos de la intervención.
“La contundencia del argumento ciudadano nace de la vivencia, de la relación con el entorno”, explicó.
Dijo además que la ciudad enfrenta un déficit de arbolado urbano, por lo que la tala podría profundizar problemáticas socio – ambientales existentes.
También cuestionó la calidad de los argumentos presentados por la administración municipal, señalando que carecen de profundidad técnica y no exploran alternativas de diseño que permitan integrar el arbolado existente.
Las organizaciones, entre ellas también la Fundación Chiboi y la Fundación Montecito, esperan que Corpoboyacá realice una evaluación objetiva que incorpore tanto los estudios técnicos como los aportes ciudadanos.
Como parte de sus acciones, anunciaron la campaña ‘Mi vecino, el árbol’, que será impulsada a través de la emisora comunitaria Urdimbre Radio para fortalecer la apropiación ciudadana del arbolado urbano.
Tres razones para rechazar la tala
Felipe Velasco, de la Fundación Montecito, calificó la solicitud de tala de los árboles del Parque Recreacional del Sur como inaceptable y señaló tres razones centrales:
– La omisión de la riqueza ecológica del área y para ello citó que los árboles de ese lugar son hábitat de especies como el cucú andino.
– La presencia de nacederos de agua y sistemas naturales de drenaje que cumplen funciones hidrológicas clave.
– Y la posible vulneración de la normativa ambiental, ya que, según afirmó, más del 90 % del predio tendría protección legal que impediría intervenciones urbanísticas.
Además, cuestionó presuntas afectaciones a cauces naturales dentro del parque y pidió a Corpoboyacá negar el permiso, iniciar un proceso sancionatorio e informar a los organismos de control para que investiguen posibles responsabilidades.
Sobre el proyecto en la Plaza 6 de Septiembre, Velasco advirtió que la tala de 110 árboles maduros, incluidas especies como muelle, araucaria y guayacán, no tiene justificación técnica ni ambiental.
Según explicó, existen alternativas de ubicación para el proyecto en zonas sin cobertura arbórea, lo que evitaría la intervención.
Además, señaló que la propuesta de compensación desconoce el valor ecológico de los árboles existentes, cuyos servicios ambientales, como regulación climática y purificación del aire, tardarían décadas en ser reemplazados.
Velasco también advirtió posibles inconsistencias con la normativa local, al considerar que el arbolado urbano forma parte de la estructura ecológica que debe ser protegida.
En ese contexto, pidió a Corpoboyacá negar el permiso, exigir una valoración real de los servicios ecosistémicos y promover un rediseño del proyecto que integre la vegetación existente o se ubique en áreas sin árboles.
Cuestionamientos desde el control político local
Desde el Concejo municipal, el cabildante Hernán Triana planteó críticas tanto al proceso de participación como a la capacidad técnica de la administración.
Según indicó, varios proyectos no han contado con procesos adecuados de socialización, a pesar de que el municipio dispone de instrumentos como el estatuto de espacio público, que contempla instancias de participación no implementadas plenamente.
Además, anunció la solicitud de una veeduría para hacer seguimiento a los procesos de compensación ambiental.
En materia técnica, cuestionó la falta de profesionales especializados dentro de la Alcaldía de Sogamoso, señalando la ausencia de un equipo robusto en temas ambientales dentro de la Secretaría de Hábitat.
Un debate que trasciende los árboles
Lo que ocurre hoy en Sogamoso no es un hecho aislado ni un simple trámite administrativo. La solicitud de tala ha expuesto tensiones más profundas en la manera en que se planifica el territorio y se toman decisiones sobre el espacio público.
De un lado, Corpoboyacá sostiene que su decisión será técnica. Del otro, la Personería de Sogamoso y distintos sectores ciudadanos insisten en que la participación debe tener incidencia real.
En medio, emergen cuestionamientos sobre la solidez técnica de los proyectos, la capacidad institucional del municipio y la pertinencia de las decisiones frente a los desafíos ambientales.
En ciudades intermedias como Sogamoso, donde el arbolado urbano es limitado, cada intervención adquiere un carácter estructural. No se trata solo de cuántos árboles se talan, sino del modelo de ciudad que se está configurando.
La decisión final no solo definirá el futuro de dos espacios urbanos, sino que enviará una señal sobre cómo se equilibran, o se tensionan, el desarrollo, la sostenibilidad y la participación en el territorio.
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