Por Germán García Barrera
Primera entrega
Carlos Granados vive en la vereda Curital, uno de los 15 sectores rurales en los cuales está dividido el municipio de Socha, localidad de la provincia de Valderrama, en el departamento de Boyacá, distante 252 kilómetros de Bogotá, la capital colombiana.
Carlos se declara minero tradicional, para algunos de sus paisanos y para las autoridades, un minero ilegal. Se le ve en sus manos fuertes laceradas por el intenso uso de su herramienta, en su contextura firme y en su tez enrojecida por rigor de las bajas temperaturas. Su familia ha subsistido en ese sector del páramo de Pisba, colindante además con el Parque Nacional Natural del mismo nombre, una de las reservas naturales más importantes de la región y enclave hídrico que aporta a las cuencas de los ríos Chicamocha y a la Orinoquia colombiana.
Parques Nacionales, la entidad del Estado encargada de administrar las áreas protegidas de mayor tamaño en el país, la define como “una zona bio-geográficamente estratégica y una gran estrella hídrica que provee bienes y servicios ambientales a más de 130.000 habitantes de los departamentos de Boyacá y Casanare”.
Allí nacen varios ríos de relevancia regional como el Cravo Sur, el Pauto y el Tocaría y quebradas que surten a acueductos municipales y veredales.
Carlos está en el ojo del huracán, para las autoridades y para quienes han asumido con argumentos la defensa del agua, él y otros pobladores de Socha, Tasco y Socotá son responsables de la intervención del páramo de Pisba y de la apertura de socavones para extraer carbón con las implicaciones para el suelo, la vegetación nativa y las fuentes de agua.
Los veedores ambientales responsabilizan a mineros tradicionales como Carlos y a personas y empresas legalizadas de contaminar el líquido que desciende de las altas montañas. Aseguran que la falta de previsión en la extracción de carbón, el incumplimiento de medidas de prevención, mitigación y compensación, y la falta de control de las entidades responsables de vigilar, amenazan la salud de la población y el suministro del vital líquido.
Los denunciantes han advertido ante la Procuraduría y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), la autoridad ambiental en la zona, que los vertimientos mineros cargados con metales pesados asociados a plomo, arsénico, mercurio, hierro, azufre y cadmio llegan a las quebradas, de allí a los acueductos y de estos a sus casas. Según el Plan de Desarrollo del municipio, en Socha funcionan 32 sistemas de acueducto veredal operados por 23 juntas administradoras.
Carlos niega con vehemencia tal impacto, asegura que como representante del acueducto de su vereda ha procurado hacer una minería responsable y le pide al gobierno, a sus paisanos y a la clase política que no los criminalicen en referencia directa a un fuerte pronunciamiento de la senadora del partido de gobierno, Aída Avella, quien en una sesión del Congreso de la República expuso la problemática de minería ilegal en el páramo y los denunció abiertamente.
“Somos un puñado de agricultores a quienes el gobierno no nos ha tenido en cuenta para desarrollar nuestros proyectos agrícolas, no hay vías, no hay condiciones, y la única forma de recoger sustento ha sido dedicarnos a la minería, no somos delincuentes”, le dijo Carlos Granados a la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad González, quien el pasado 8 de junio visitó el municipio de Socha.
Un llamado S.O.S por el Páramo de Pisba.
— Aída Avella #EscucharYActuar (@AidaAvellaE) June 8, 2023
Acompañó a la comunidad en su lucha por detener el bom minero que deja sin agua a la región.
Las autoridades ambientales deben actuar para detener y no facilitar el daño al Páramo.#UPcorazonDelCambio pic.twitter.com/yRXOK9Hw6C
Carlos es uno de los cientos de mineros que subsisten de la extracción de carbón en ese municipio. Según los datos disponibles en la alcaldía local, alrededor del 90 por ciento de la población depende de la explotación, transporte y comercialización del mineral. La agricultura, la ganadería y el comercio minoritario de productos de primera necesidad complementan el panorama económico del poblado.
El diagnóstico local de la minería reconoce que “las actividades extractivas mineras…están caracterizadas por un manejo empírico...en combinación con la actividad agropecuaria…la mayoría de las explotaciones en el municipio son calificadas como de subsistencia”
El ‘Plan de Desarrollo – Construyendo un Socha para todos 2020 – 2023’, documento que guía la gestión de la alcaldesa minera, Zandra Bernal, describe además lo siguiente: “El 7,49 % del área municipal, es decir 1.125,53 Has, corresponden al área destinada para la extracción de minerales…en total hay 229 áreas de extracción de carbón identificadas en el catastro minero colombiano de los cuáles 54 (23,58 %) se encuentran legalizadas”.
Las denuncias y los impactos mineros
La alcaldía de Socha admite que la explotación de carbón se realiza mayormente en condiciones rudimentarias y artesanales lo cual conlleva riesgos vinculados a la informalidad laboral, a la accidentalidad y al impacto sobre zonas de recarga de acuíferos, destruyendo la flora y contaminando las aguas subterráneas en suelos paramunos.
Este es el principal argumento de Sandra Liliana Castellanos, líder socio – ambiental de Socha, para reclamar acciones contundentes de las autoridades en contra de quienes están envenenando los nacimientos de agua. Sandra presentó un panorama inquietante.
Ella y sus compañeros preocupados por la amenaza que se cierne sobre el páramo y las quebradas llevan meses denunciando la operación sin permisos ni licencias de 62 bocaminas en la vereda El Curital, al interior del páramo de Pisba y muy cerca del Parque Nacional Natural.
“En el Curital hay cinco acueductos contaminados afectados la presencia de ácidos provenientes de las minas de carbón y nada se ha hecho”, asegura, y señala directamente a la alcaldesa Zandra Bernal y a Corpoboyacá de no ejercer la vigilancia correspondiente.
Las demandas de este grupo de ambientalistas, como ya los denominan en el pueblo, los ha llevado a tomar acciones de hecho. A mediados de mayo decidieron bloquear la vía nacional que conduce de Socha a Tunja, clave además para la movilización de tractocamiones en los cuales se transporta el mineral hacia el centro del país y los puertos.
Además del Curital, la apertura ilegal de bocaminas y los impactos negativos de algunas minas legales es evidente en otras zonas de Socha como El Alisal, sector El Mortiño; El Cóndor y la laguna de Socha, esencial para la provisión de agua en el pueblo.
Los efectos nocivos de la minería en el Curital comprometen además la calidad del agua en el vecino municipio de Socotá, como lo reclamó también su alcalde William Correa. El mandatario consideró conveniente que las empresas mineras legales apoyen al pequeño productor para su formalización y que unos y otros cumplan con sus obligaciones sociales y ambientales en alusión a lo que llamó “irresponsabilidades en contra del Parque Nacional Natural”.
En Tasco, otra localidad de la provincia de Valderrama, con área en el páramo de Pisba y situada a 23 kilómetros de Socha, la situación es similar. Veedores como Pedro Castañeda y Mauricio Reyes, miembros de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco, han asumido una férrea defensa del páramo.
Llevan varios años exponiendo la problemática asociada a los efectos nocivos de la minería, incluso han acudido a los tribunales para denunciar hechos aberrantes como los vertimientos ácidos de una explotación de carbón conocida como El Cerrejoncito abandonada a 3.868 metros sobre el nivel del mar.
Sus flujos vienen corroyendo un valle de frailejones en la Serranía del Pirucho. Pedro y Mauricio siguen esperando a que Corpoboyacá culmine el proceso sancionatorio que adelanta para obligar a los responsables a pagar por los daños. Es otra de las heridas que comprometen la integridad del páramo de Pisba.
Segunda entrega: Este es el panorama de la minería ilegal en Boyacá
Tercer entrega: Análisis con Brújula
Cuarta entrega: El Parque Nacional Natural Pisba debe blindarse ante la minería
Quinta entrega: ¿Minería criminal en Boyacá?
________________________________________________________________________________________Este reportaje fue posible gracias al apoyo de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales (USAGM) y la Voz de América.
