Juan Esteban Correa Rodríguez | Periodista Unimedios – UNAL
La historia comienza en La Calera. En este municipio hay 56 acueductos veredales sostenidos con el esfuerzo de los vecinos: cada quien aporta una cuota para mantener las mangueras, limpiar los tanques y reparar fugas. Por eso, cualquier reducción del caudal de la quebrada —como las desviaciones hacia plantas industriales— deja a estas comunidades sin agua para el consumo o los cultivos de papa, cebolla o arveja, sobre todo en tiempos de sequía.
“Antes la quebrada formaba cascadas y su sonido era majestuoso; ahora su presencia no suena ni se anuncia a la distancia”, cuentan lideresas de la Asociación de Veredas de La Calera, quienes durante décadas han visto cómo los nacimientos de agua se transforman. Temen que si la extracción continúa al ritmo actual la quebrada San Lorenzo desaparezca.
Esa transformación la documentó Anyi Viviana Castelblanco Montañez, antropóloga de la UNAL, quien revisó licencias ambientales, informes oficiales y cifras de consumo de las principales plantas embotelladoras del país. En su recorrido por La Calera y Guasca, la investigadora escuchó a las comunidades y observó cómo el agua, elemento vital, se ha convertido en mercancía. “El agua que debería fortalecer los lazos sociales se convierte en frontera entre quienes la cuidan y quienes la consumen”.
A las comunidades les dicen que el desabastecimiento es natural, pero ellas saben que también lo provocan las empresas, que además se lucran de una manera absurda: mientras una botella de 600 mililitros de agua embotellada se vende entre 1.500 y 2.500 pesos, un litro del acueducto de Bogotá cuesta veinte veces menos.
Y es que, en el páramo de Chingaza, donde nacen los manantiales de la quebrada San Lorenzo que alimentan el río Bogotá, el agua ya no sigue su curso natural. En la vereda San José, en La Calera, tuberías desvían 3,23 litros por segundo hacia una planta embotelladora. De esta cifra unos 183.500 litros al día terminan envasados para comercializar en supermercados de la capital, mientras que el agua restante se usa para la producción y el mantenimiento de la planta.
Por cada litro embotellado la planta usa 1,5 litros adicionales para lavado y limpieza, y tiene permiso para verter 3,55 litros por segundo de estas aguas residuales a la quebrada Cerro Verde –subcuenca de la San Lorenzo y fuente que alimenta al río Bogotá–, luego de un tratamiento previo que busca reducir la contaminación. Los vecinos aseguran que los caudales disminuyen en cada temporada de menos lluvias: los acueductos veredales deben racionar turnos y horarios para que el agua alcance.
Guasca: nacimientos en disputa
Unos kilómetros más al norte, en la vereda Pastor Ospina (Guasca, Cundinamarca), la quebrada El Uval nace entre pastizales y cultivos de papa y hortalizas. De allí se abastecen acueductos comunitarios como Ecosiecha, que surte tanto el casco urbano como las veredas cercanas (para cientos de familias campesinas). Pero parte de ese caudal se desvía hacia una planta embotelladora.
Aunque la empresa se presenta como sostenible, en 2023 se confirmó —según la investigadora Castelblanco— que no contaba con una concesión de aguas vigente. Aun así, extraía directamente de los nacimientos que también abastecen a las familias campesinas. Esta empresa produce unas 75.000 botellas al mes, casi 900.000 al año, mientras los campesinos deben racionar el agua durante las temporadas de menos lluvias (entre diciembre y marzo).
Lo que antes era un bien común hoy se vende como un producto “premium” en los supermercados. Durante los meses más secos, los acueductos veredales reducen turnos mientras la planta mantiene su ritmo. Para los campesinos de esta zona el agua del río se va y deja solo su rumor.
Una contaminación silenciosa
En Bogotá, otra reconocida marca de agua embotellada, con plantas en el barrio La Sevillana y en la Zona Industrial, no se alimenta de nacimientos de páramo sino de pozos que extraen agua del acuífero de la Sabana, una reserva subterránea que regula la humedad del suelo y alimenta los ríos Tunjuelo y Fucha, que también se conectan con el río Bogotá.
El proceso industrial de embotellado demanda más del doble de agua de la que finalmente se comercializa: por cada litro de agua embotellada se utilizan 2,16 litros en total, lo que implica que alrededor de 1,16 litros se destinan a otras etapas del proceso. En 2017 la empresa extrajo 283.041 metros cúbicos de agua y en 2019 alcanzó 303.621, un aumento cercano al 7%. Estas cifras reflejan tanto el crecimiento del negocio como la alta huella hídrica asociada con su operación.
La Secretaría Distrital de Ambiente exige tratamiento previo de las aguas residuales para que el impacto de los componentes con los que se realiza el proceso de embotellamiento y lavado (detergentes o desinfectantes) sea menor cuando lleguen al alcantarillado de la ciudad, y finalmente desemboquen en el río Bogotá.
Un cuello de botella jurídico
El caso revela los límites del control ambiental urbano. A diferencia de los acueductos rurales, que gestionan colectivamente el recurso, las industrias concentran permisos técnicos difíciles de auditar por la ciudadanía.
Las empresas pagan la tasa por utilización del agua (TUA), regulada por el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 588 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este pago se calcula según el volumen captado, pero no implica una compensación ecológica directa. “Pagar por el agua no equivale a reparar el daño causado por extraerla”, advierte la investigadora.
En la práctica, las comunidades rurales no reciben compensaciones reales por la extracción. Aunque algunas empresas financian acciones ambientales puntuales, como por ejemplo siembra de árboles, estas no alcanzan a restaurar los ecosistemas ni a mejorar el acceso local al agua. En contraste, una botella “natural” puede costar más que el aporte mensual que una familia campesina paga por el agua de su acueducto comunitario.
El dinero que las empresas pagan por la extracción del recurso es recaudado por las corporaciones regionales, que lo pueden usar en proyectos de gestión ambiental en sus jurisdicciones. Sin embargo, la normativa no estipula que este recurso debe reinvertirse en la misma quebrada o en el acueducto veredal afectado.
De hecho, en octubre pasado el Ministerio de Ambiente le pidió a la CAR Cundinamarca revisar la prórroga de concesión de aguas en La Calera –con algunas de estas empresas de agua embotellada– para priorizar el consumo humano, pues, tras más de 40 años de concesiones, se debe hacer un análisis técnico más riguroso para garantizar este recurso como un derecho fundamental para las comunidades que viven allí.
Las empresas embotelladoras de agua natural confluyen en un mismo escenario: el río Bogotá, uno de los más contaminados del país; la quebrada San Lorenzo lo alimenta desde Chingaza, el río Blanco desde Guasca, y los vertimientos urbanos terminan en su cauce.
Como advierte la investigadora Castelblanco: el mercado del agua embotellada no amplía la disponibilidad del recurso, sino que lo reconfigura según intereses económicos, trasladando sus impactos a los ríos y comunidades de origen.
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