Frente a esta problemática las autoridades han incrementado los controles al tiempo que han realizado jornadas de capacitación y educación orientadas a prevenir la caza, el tráfico, la tenencia y el maltrato de ejemplares de la fauna silvestre, y a informar sobre las implicaciones legales de incurrir en estas prácticas que están catalogadas por el Código Penal Colombiano como delito ambiental.
Entre 2014 y 2017, en la jurisdicción de Corpoboyacá, conformada por 87 municipios, se dispone del siguiente consolidado de ejemplares de fauna rescatada, decomisada o entregada voluntariamente: en 2014, 99; en 2015, 103; en 2016, 146; y en 2017, 220.
Solo en 2017 se presentaron 85 liberaciones de diversas especies en ambientes aptos para su subsistencia, 11 reubicaciones y 62 casos de animales que ingresaron muertos o en malas condiciones al Hogar de Paso que se opera en convenio con la Fundación Juan de Castellanos.
Conflictos con la fauna
Otro fenómeno que se registra en esta zona del país es el conflicto entre la fauna silvestre y el ser humano que en la mayoría de los casos se origina en la proximidad o la invasión de ganaderías y cultivos a zonas de páramo y bosque. Esta intervención a la vegetación nativa interrumpe los corredores de movilidad de osos, pumas y jaguares e impacta sus habituales fuentes de alimentación. La presencia de cazadores de pequeñas presas también afecta su subsistencia.
Ante la disminución de opciones para nutrirse, tanto el oso como los grandes felinos se ven obligados a atacar a ovejas, vacas, novillos o terneros lo que genera conflictos con las comunidades que viven o mantienen sus rebaños cerca o al interior de los ecosistemas estratégicos.
Tal problemática llevó a que desde 2013 Corpoboyacá iniciara acciones para enfrentar esta disputa entre los productores rurales y el oso andino. Con el apoyo de la Fundación Wii se logró identificar la presencia de tres ejemplares en el páramo de Ocetá y en 2017 el trabajo de esta ONG se extendió hasta los municipios de Chita y Socotá.
En estas localidades de la provincia de Valderrama se realizó un estudio que permitió establecer la situación de los osos y los pumas y la percepción de sus pobladores hacia estas especies. Un ejercicio similar se realizó en 2014, en la provincia de Lengupá, en asocio con Corpochivor.
El trabajo se complementó con la Fundación Panthera, organización que brindó capacitación a profesionales de la Corporación sobre las características de los ataques provocados por osos y pumas, y otros ocasionados por “perros asilvestrados” como se denomina a los caninos que son entrenados para cazar y que según las evidencias recolectadas tienen responsabilidad en buena parte del asalto a las ganaderías.
En busca de aliados
Para erradicar la caza ilegal de ejemplares de la fauna silvestre y atender con acierto sus problemas con las comunidades, Corpoboyacá considera prioritario articular esfuerzos con la Gobernación de Boyacá y las alcaldías a fin de concretar acciones de restauración y aislamiento de los páramos y bosques intervenidos y de implementar un manejo técnico de los sistemas agropecuarios.
Dentro de las recomendaciones impartidas por los expertos y socializadas con los habitantes de estas zonas está el cerramiento de sus predios, siempre y cuando dispongan de los correspondientes títulos de propiedad; la protección sus ganados especialmente de las hembras recién paridas y el reporte oportuno a las autoridades sobre la presencia de osos o pumas con la advertencia de abstenerse de hacerles daño.
Se hizo énfasis en las implicaciones legales de afectar gravemente o dar muerte a miembros de la fauna lo cual está tipificado como delito en el Código Penal con penas que pueden oscilar entre dos a cinco años y multas hasta de diez mil salarios mínimos legales mensuales vigentes o de prisión de 12 a treinta y seis 36 meses cuando a un animal silvestre se le haya causado la muerte o se le haya lesionado severamente.
