Foto: Greenpeace

Greenpeace, 50 años de activismo ambiental

Qué relación tiene este aniversario con la defensa de los páramos en Boyacá. Aquí se lo contamos.

El 15 de septiembre de 1971 un grupo de apasionados por el medio ambiente protagonizó un hecho desafiante para la época. Hoy se recuerda como un evento histórico en la lucha de la sociedad civil por lograr que gobiernos e industrias reduzcan los impactos responsables de la crisis climática. 

Ese día, hace 50 años, un pequeño grupo de activistas antinucleares canadienses se embarcó a bordo del viejo pesquero Phyllis Cormack para protestar contra las pruebas nucleares que Estados Unidos estaba llevando a cabo en el archipiélago de Amchitka, en Alaska. Pretendían impedir la detonación de la bomba y se colocaron en el centro de la zona de pruebas.

Aunque el resultado de la aventura no fue como se esperaba, la presión mundial llevó a que el gobierno americano se viera forzado a detener las pruebas nucleares en esa zona considerada una importante reserva ornitológica.

“Hoy nuestra lucha por la protección del ambiente continúa, la pérdida de biodiversidad se acelera, la crisis climática se profundiza, ahora más que nunca necesitamos una acción colectiva real mientras estamos en esta encrucijada”, sostuvo Jenifer Morgan, directora de Greenpeace Internacional.  

Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, dijo, a propósito de este aniversario, que el mundo se enfrenta a cifras alarmantes respecto a los asesinatos de líderes sociales y ambientales en los últimos años.

“Esto confirma una vez más la urgente necesidad de que Colombia ratifique el Acuerdo de Escazú, el primer tratado sobre ambiente y derechos humanos que busca proteger a las personas defensoras del ambiente y prevenir los conflictos ambientales”, reclamó Gómez.  

Foto: Greenpeace
La ONG Greenpeace documentó la contaminación de la minería sobre las fuentes de agua del páramo de Pisba

Greenpeace y Boyacá

Con ocasión del aniversario 50 de esta ONG internacional, sus voceros recordaron que el punto de partida de Greenpeace en Colombia se dio en septiembre de 2009. 

Ese año se cumplió la COP15 en Copenhague (Dinamarca), una de las conferencias de las Naciones Unidas sobre cambio climático; y a la par se inició a una labor conjunta con campesinos de Socha y Tasco, y otras organizaciones ambientales, en defensa de los páramos. 

Las protestas al estilo Greenpeace y las acciones judiciales interpuestas condujeron a que en 2016 Corpoboyacá actuara: “inhabilitó una de las minas de carbón de la multinacional minera Hunza Coal”. 

En el relato histórico se destaca que en 2019, producto del actuar conjunto entre la comunidad y las ONG, el Consejo de Estado decidiera prohibir la actividad minera en el páramo de Pisba.

Su vínculo con Boyacá se amplió a partir de la obstinación por lograr del Congreso de la República la aprobación de una ley para prohibir la producción, uso, venta y exportación de materiales de construcción elaborados con asbesto. Su inspiración fue Ana Cecilia Niño una duitamense que vio deteriorar su estado de salud a causa de las partículas de asbesto en su cuerpo.

Ella y su esposo, Daniel Pineda, protagonizaron una cruzada para que el país comprendiera el riesgo del asbesto y exigir acciones estatales encaminadas a imponer restricciones. Greenpace Colombia acompañó su campaña. El esfuerzo común dio como resultado la expedición de la Ley 1968 de 2019 conocida como Ley Ana Cecilia Niño. 

Este colectivo ambiental, que en 1971 se opuso a la realización de pruebas nucleares en Alaska, lidera hoy en Colombia iniciativas encaminadas a prohibir la producción y comercialización de plásticos de un solo uso y la urgencia de conseguir transformaciones urbanas encaminadas a lograr “ciudades más resilientes y sustentables que contemplen más áreas verdes, un sistema alimentario más justo, local y limpio y una movilidad limpia».

Greenpeace considera fundamental involucrar a todos los sectores de la producción para alcanzar la meta el gobierno de reducir a 51% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030. Y esto solo será posible si de manera complementaria se renuncia al fracking y se controla la deforestación”, concluyó Silvia Gómez, su representante en Colombia. 

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