Represa de la Playa
A pesar de la contaminación de la represa La Playa, en Tuta, Boyacá, el ganado bebe de su agua que también se usa en cultivos. Imagen: entreojos.co

“Hay que adoptar medidas sanitarias urgentes en la represa La Playa”

Alicia López, procuradora ambiental de Boyacá, advirtió en el Congreso que la comunidad de Tuta está en riesgo por la contaminación del embalse.

El Salón Luis Carlos Galán del Congreso de la República sirvió de marco para exponer ante los parlamentarios y delegados del gobierno nacional la problemática sanitaria y ambiental generada por la contaminación de la represa de La Playa, y cuyos principales responsables son municipios vecinos como Tunja y la penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita. Un importante porcentaje de sus aguas residuales son arrojadas sin tratamiento a este embalse.

La audiencia pública, cumplida el viernes 21 de octubre, fue convocada por el representante a la Cámara por Boyacá, Jaime Raúl Salamanca, quien acogió las peticiones de los colectivos ambientales de Tuta para que el tema fuera expuesto en un escenario nacional.

La audiencia tuvo cuatro paneles titulados de la siguiente manera:

Afectaciones Ambientales, sanitarias, sociales y económicas

Acciones y sentencias

Actores contaminantes

La institucionalidad en busca de soluciones

Durante el desarrollo de los paneles intervinieron los representantes de las veedurías, entre ellos Virginia Sáenz Martínez, Edgar Vargas y Andrés Fernando Rodríguez; en representación de los agentes contaminantes estuvo el alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme, así como delegados de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

Virginia Sáenz expresó su satisfacción por este espacio para visibilizar la problemática y destacó una de las tareas inmediatas relacionada con la decisión de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) de enviar dos máquinas cosechadoras con el propósito de remover el buchón hacia el vertedero y limpiar el espejo de agua para facilitar las acciones de fumigación.

La sesión se cumplió en el Salón Luis Carlos Galán del Congreso de la República. Foto: archivo particular.

La audiencia contó además con la presencia de la Procuradora Judicial I Agraria y Ambiental, Alicia López Alfonso. La funcionaria reclamó de la Secretaría de Salud de Boyacá y de los alcaldes mayor diligencia para el control de los vectores generados por los vertimientos sanitarios.

“Aquí hay que adoptar medidas sanitarias de manera urgente, la salud de la comunidad está en riesgo”, dijo López de manera categórica.

Una de las intervenciones más esperadas fue la del delegado del Ministerio de Ambiente, Carlos Andrés Santiago. El vocero de la ministra Susana Muhamad se refirió a los dos compromisos adquiridos por esa cartera: el primero, la reunión que sostendrá este lunes 24 de octubre el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Aníbal José Pérez García, con la comunidad para concertar un plan de acción y determinar que “este tema sea una prioridad para el Ministerio”.

El segundo, el agendamiento de una visita a la represa para conocer en terreno la problemática y diseñar una ruta de trabajo.

Santiago complementó su declaración indicando que en el marco de la estrategia del Ministerio de Ambiente de contar con equipos regionales de atención de dinámicas socio – ambientales en los territorios, se designará a dos profesionales para el departamento de Boyacá. Su tarea será acompañar a las organizaciones y estar en contacto con las autoridades seccionales.

Alternativas de solución

El representante Jaime Raúl Salamanca, en diálogo con entreojos.co, citó algunas de las soluciones planteadas durante la audiencia pública:

– Construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de los municipios contaminantes y del complejo penitenciario tal como lo ha ordenado en sus fallos el Tribunal Administrativo de Boyacá.

– Implementar las acciones previstas en los planes de manejo existentes para la recuperación de la cuenca del río Chicamocha.

– Apoyo técnico y financiero del Gobierno Nacional para la financiación de las obras y proyectos que permitan superar la crisis sanitaria y ambiental. 

– Recuperar ambientalmente el embalse para que pase de ser una “cloaca” a convertirse en un destino turístico que genere desarrollo a la zona.

– Realización del estudio técnico que dé como resultado un Plan integral de Manejo y Descontaminación del Embalse que contenga las acciones concretas en el corto, mediano y largo plazo, el costo de las intervenciones, las responsabilidades y competencias de los actores, la cuantificación del pasivo ambiental, la manera de repararlo y el uso futuro que tendrá el embalse.

– Control y seguimiento efectivo al cumplimiento de los compromisos.

Salamanca se refirió además a las conclusiones de la sesión cumplida en el salón Luis Carlos Galán del Congreso de la República, entre ellas el compromiso adquirido por la Gobernación de Boyacá, Corpoboyacá y las alcaldías de la zona para asegurar el apoyo técnico y financiero requerido.

El parlamentario anunció la realización de un debate de control político en caso de no concretarse resultados en el corto plazo.

Entre tanto la Procuradora Ambiental dijo que desde su despacho se hará el correspondiente seguimiento al plan de acciones expuesto en el marco de esta sesión.

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