“Es importante buscar una salida en el marco de la democracia territorial que tanta falta le hace a Colombia”, sostuvo el gobernador luego de radicarle una carta al ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, en la que le pide tener en cuenta a las comunidades de Boyacá antes de firmar la resolución que delimita este ecosistema.
La comunicación está respaldada por Pedro Abel Castañeda, habitante de Tasco y líder en la defensa del páramo de Pisba; y Gustavo Velandia, habitante de la vereda La Rosana, de Socotá.
Amaya aseguró que su administración tiene disponibles dos mil millones de pesos para invertir en fuentes alternativas de subsistencia para las comunidades de los páramos. Agregó que la reconversión productiva que su gobierno ha planteado permitirá proteger la vegetación de páramo y brindar seguridad económica a los campesinos que lo habitan.
Sobre la manera como se ha venido concretando la delimitación de estas áreas de recarga hídrica, el gobernador Carlos Andrés Amaya consideró que no se les pueden imponer normas inconsultas a los campesinos y que es deber del Ministerio darles oportunidades a quienes han aportado en el cuidado de esos ecosistemas.
“No se pueden seguir tomando decisiones desde Bogotá sin consultar a las comunidades. Ellas deben saber que se va a decidir sobre su futuro. Los campesinos del páramo quieren que se les escuche, quieren exponer sus motivos con respecto a la delimitación. No es justo que no estén enterados de lo que se va a hacer”, dijo el mandatario.
El pronunciamiento de Amaya se suma a la preocupación de los habitantes de los páramos de Pisba y El Cocuy quienes están a la expectativa de las resoluciones del Ministerio de Ambiente a través de las cuales se formaliza su delimitación y se imponen restricciones al desarrollo de actividades agropecuarias y mineras.
El gobernador reiteró que el Estado debe generar alternativas para la manutención de los pobladores de estas zonas, históricamente impactadas por la escasa inversión social. Según los datos revelados por la administración seccional, el índice de necesidades básicas insatisfechas de la provincia de Valderrama alcanza el 57,1 por ciento, el más alto del departamento.
“En definitiva Ministro, delimitación si pero no así”, concluyó Carlos Andrés Amaya.
