El Gobierno nacional volvió a señalar que la legislación colombiana contempla mecanismos para proteger la estabilidad económica de las comunidades campesinas que habitan en zonas de páramo, incluso en procesos de delimitación de estos ecosistemas estratégicos.
Entre las medidas mencionadas se encuentran la legalización de tierras, el acceso a crédito rural, avalúos diferenciales asociados a la conservación ambiental y el saneamiento de la propiedad.
La explicación ha sido expuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible varios procesos de delimitación paramuna como el de Pisba o el de Cruz Verde–Sumapaz. Estos, ha recalcado la cartera, buscan definir con precisión los límites del ecosistema para orientar la gestión ambiental y territorial, fortalecer la restauración y el uso sostenible, y aplicar las restricciones establecidas por la ley.
Desde el Gobierno se insiste en que la delimitación no solo es un instrumento de protección ambiental, sino también una oportunidad para que instituciones y comunidades desarrollen actividades productivas compatibles con la conservación del páramo.
Sin expropiaciones ni desalojos
Uno de los mensajes centrales del Ministerio es que la delimitación no implica la pérdida de la tierra para los campesinos. Según la entidad, este proceso no contempla expropiaciones ni desalojos, ni busca desplazar a las comunidades de sus territorios.
También se aclaró que los derechos sobre los medios de vida se mantienen. Las actividades agropecuarias podrán continuar siempre que sean de bajo impacto ambiental y sostenibles, en armonía con los lineamientos definidos por la Resolución 1294 de 2021, que regula la producción en zonas de páramo.
Crédito rural y mercado de tierras
El Ministerio señaló que la ubicación de un predio dentro de un páramo delimitado no impide acceder a créditos del Banco Agrario ni realizar transacciones de compra o venta de tierras, siempre que se respeten las condiciones ambientales establecidas por la normativa vigente.
En este contexto, se recordó el acuerdo firmado en febrero de 2025 entre los ministerios de Ambiente y Agricultura y el Banco Agrario, orientado a facilitar el acceso a crédito rural para comunidades que habitan en páramos, en cumplimiento de la Ley 1930 de 2018 (Ley de Páramos).
Estas posibilidades no aplican en parques nacionales naturales, reservas forestales protectoras ni en predios con restricciones ambientales específicas.
Avalúos ambientales y saneamiento predial
Otro de los instrumentos mencionados por el Gobierno es la Resolución 963 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que establece criterios de valoración ambiental para predios ubicados en páramos delimitados. Bajo este enfoque, los terrenos con mayores niveles de conservación podrían incrementar su valor catastral.
Además, el Gobierno anunció acompañamiento institucional para avanzar en procesos de saneamiento de la propiedad rural, con participación de la Agencia Nacional de Tierras, el IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro.
Un proceso con enfoque ambiental y social
El Ministerio de Ambiente sostiene que la delimitación de los páramos busca equilibrar la protección de estos ecosistemas, fundamentales para la regulación hídrica y la biodiversidad, con la permanencia de las comunidades rurales que históricamente han habitado estos territorios.
En ese sentido, el Gobierno plantea que la implementación de instrumentos legales, financieros y catastrales permitirá avanzar en la conservación de los páramos sin afectar la integridad económica de las familias campesinas.
