La inversión de 35 mil millones de pesos en los páramos de Boyacá, 26.365 millones en Tota–Bijagual–Mamapacha, y 9.477 millones en el Parque Natural Regional Pan de Azúcar–El Consuelo, vuelve a prender las alarmas frente al desarrollo de estos proyectos.
En esta ocasión la alerta se activó por cuenta de la solicitud formal que hizo la Procuradora 32 Judicial para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios de Boyacá, Alicia López Alfonso, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), para que atienda con celeridad la denuncia sobre presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto en el complejo de Tota–Bijagual–Mamapacha.
La denuncia fue presentada el lunes 2 de marzo por el veedor ambiental Manolo Salamanca, durante un espacio de diálogo convocado por el propio Ministerio en Tunja. Allí Salamanca exhibió fotografías y videos que, según relató, evidenciarían una intervención inadecuada en zona de páramo del municipio de Siachoque.
En uno de los registros audiovisuales se observa a un obrero operando una ahoyadora en medio de vegetación nativa. El trabajador camina entre plantas propias del ecosistema, pisa frailejones y perfora el suelo para sembrar nuevas plántulas. Para el denunciante, este tipo de prácticas podría comprometer la integridad de un ecosistema altamente frágil y protegido por la normativa nacional.
Un proyecto de 26 mil millones bajo la lupa
El proyecto cuestionado es el denominado “Conservación de Áreas Ambientales Estratégicas y Gestión Ambiental en el Páramo de Tota – Bijagual – Mamapacha, Departamento de Boyacá” (BPIN 20243201010059), financiado con recursos de la Asignación Ambiental del Sistema General de Regalías.
Su ejecución está a cargo de la Gobernación de Boyacá, que suscribió el contrato de obra N° CO1.PCCNTR.8102670/2746 de 2025 con el Consorcio Restauración Páramos Boyacá, representado legalmente por Luis Ángel Barrera Ochoa. La interventoría fue contratada mediante concurso de méritos con el Consorcio Interventoría Páramos Boyacá 2025, cuyo representante legal es Jesús Mauricio Beltrán Rodríguez. La Supervisión de esta interventoría fue asignada a Sara Lorena vega Flórez, funcionaria de confianza del gobernador, Carlos Andrés Amaya.
El proyecto contempla cuatro grandes componentes:
- Soluciones basadas en la naturaleza, que incluyen establecimiento de material vegetal, mantenimientos, cercas perimetrales y barreras vivas en predios públicos de Aquitania, Tota, Mongua, Monguí, Pesca y Siachoque.
- Gestión ambiental, con construcción de infraestructura para aprovechamiento de residuos orgánicos, viveros transitorios, señalización turística, biodigestores y estrategias de uso eficiente del agua.
- Acuerdos sociales, orientados a la articulación entre actores locales.
- Sostenibilidad y reporte, incluida la consolidación de información para el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC).
Desde que entreojos.co comenzó el seguimiento a esta inversión, documentado en publicaciones anteriores como la titulada ’35 mil millones para páramos de Boyacá: ¿qué podría salir mal?’ (ganadora del Premio Enrique Medina Flórez en la categoría de Mejor trabajo en la categoría de prensa), las principales inquietudes han girado en torno a la viabilidad técnica, la procedencia del material vegetal, la pertinencia de las especies sembradas y el alcance real de las intervenciones en un ecosistema sin plan de manejo adoptado.
¿Qué se está sembrando en el páramo?
Uno de los puntos críticos señalados por Manolo Salamanca es la presunta siembra de especies no aptas para ecosistema de páramo, como el aliso (Alnus acuminata), árbol asociado a zonas altoandinas pero que no necesariamente corresponde a áreas de vegetación paramuna, caracterizada por porte bajo y dinámica ecológica particular.
Según información entregada por la Gobernación, entre las especies contempladas están uva camarona (Macleania rupestris), amargoso (Ageratina tinifolia), angelito (Monochaetum myrtoideum), arrayán (Myrcianthes leucoxyla), chilco (Baccharis sp.), cucharo (Myrsine guianensis), roble (Quercus humboldtii), aliso (Alnus acuminata), entre otras.
La inclusión de especies típicas de bosque altoandino, como el roble o el aliso, ha generado debate técnico sobre la zonificación precisa de las áreas intervenidas y sobre si las siembras corresponden estrictamente a áreas de transición o a zonas núcleo de páramo.
A esto se suma el uso de maquinaria manual como ahoyadoras en terrenos con vegetación sensible. Expertos en restauración advierten que la intervención física del suelo en páramos debe minimizarse, dado su papel como regulador hídrico y reservorio de carbono.
Avales y responsabilidades
Ante preguntas de entreojos.co sobre los avales técnicos otorgados por el Ministerio y por Corpoboyacá, la Gobernación respondió que el Ministerio emitió concepto de viabilidad favorable a través de su Oficina Asesora de Planeación, al considerar que el proyecto cumplía con los criterios técnicos, sociales, ambientales, jurídicos y financieros exigidos por la Metodología General Ajustada (MGA).
Asimismo, indicó que municipios y Corpoboyacá emitieron certificados de coherencia con sus instrumentos de planificación. Sin embargo, en su respuesta la Gobernación no adjuntó los documentos de viabilidad solicitados.
El debate ha estado marcado por la pregunta sobre si la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio (instancia técnica especializada en ecosistemas estratégico) participó directamente en la evaluación.
En el plano regional, Corpoboyacá ha reiterado que no emitió aval técnico ni concepto de viabilidad, sino certificaciones de coherencia frente a sus planes institucionales.
El rol de la Procuraduría
La intervención de la procuradora Alicia López Alfonso suma un nuevo elemento institucional en el seguimiento. Su solicitud al Ministerio de Ambiente busca que se investiguen las denuncias y se verifique si las actividades ejecutadas en campo se ajustan a la normativa ambiental vigente, en particular a la Ley 1930 de 2018 y a la Resolución 1771 de 2016 que delimita el páramo Tota–Bijagual–Mamapacha.
La actuación preventiva de la Procuraduría podría abrir un escenario de revisión técnica más profundo sobre la implementación del proyecto, especialmente en lo relacionado con métodos de restauración, selección de especies y manejo del suelo en zonas de alta sensibilidad ecológica.
En diciembre pasado, en el marco de un encuentro convocado por la Contraloría General de la República, organizaciones y colectivos ambientales le pidieron a la entidad suspender giros a proyectos de inversión en páramos, al tiempo que remitieron al órgano de control un documento en el que cuestionan la ejecución de iniciativas financiadas para conservación en ecosistemas de alta montaña, y advierten que, en el estado actual del territorio y su ordenamiento ambiental, varias de las actividades propuestas serían riesgosas y, en algunos casos, difícilmente autorizables.
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