Omisión, esa es la principal sindicación que le hace la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) luego del derrame de petróleo reportado por el pasado 21 de julio por el integrante de la Curassow Fundation, Camilo Altamar Giraldo, al interior del Parque Regional Natural Serranía de las Quinchas, en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá.
En un Concepto Técnico – Jurídico conocido por entreojos.co, la Procuraduría General de la Nación concluyó que la ANLA no realizó contra muestras del agua en la quebrada La Cristalina para determinar el real nivel de contaminación provocado por la fuga de hidrocarburo.
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Allí también se indica que la causa del derrame provino de “una falla operacional atípica en la grasera de la válvula ubicada en la coordenada N. 5°50’11.15’’ – W: 74°17’30.81’’
Según el informe presentado por la Procuradora 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Boyacá, Alicia López Alfonso, fue la empresa Ocensa S.A. la que tomó las muestras en La Cristalina, y no la ANLA, con el fin de realizar el análisis físico – químico en un laboratorio contratado por la misma compañía.
La Procuraduría considera irregular que la ANLA no haya realizado sus propios análisis que le permitieran contar con información objetiva sobre los daños generados por la emergencia.
Eso explicaría la celeridad con la que tanto Ocensa S.A. como la ANLA reportaron que no había flujo de combustible sobre la quebrada.
Extracto del comunicado de la ANLA sobre la emergencia expedido el 23 de julio
Carta de Ocensa S.A. al alcalde de Puerto Boyacá sobre la emergencia
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Prueba de peso
Corpoboyacá reportó que el derrame se registró sobre un área de 250 metros cuadrados. Foto: archivo particular.
La negligencia de la ANLA al no realizar la contra muestra reduce la posibilidad de contar con un medio de prueba que le permita cuantificar el deterioro ambiental causado y tasar los perjuicios ocasionados, insumos esenciales en la etapa de apertura del proceso sancionatorio ambiental que debe adelantarse teniendo en cuenta que el derrame se produjo al interior de un Parque Regional Natural.
La Procuraduría insiste en que “las consecuencias por un derrame de hidrocarburo son nefastas para la biodiversidad y los ecosistemas; y más en un área protegida cuyo fin último es el de proteger a perpetuidad las biocenosis, los recursos genéticos y las especies silvestres amenazadas”.
Con este argumento, la Delegada para Asuntos Ambientales insiste en que la ANLA no estuvo a la altura de su responsabilidad para “constatar, exigir el cumplimiento de los términos, condiciones que se derivan de la Licencia Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto, de imponer de ser el caso medidas ambientales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto”.
En el Concepto Técnico – Jurídico No. 033-2018 se precisa que durante la visita realizada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales el día 31 de julio, 10 días después de conocerse el derrame, se constató la ubicación de tres puntos de control: uno sobre el área crítica de la emergencia, otro sobre el sitio ecoturístico conocido como Marroco y el tercero cerca al puente de la vía entre Puerto Romero y Otanche.
Edwin Toro León, funcionario de Corpoboyacá e integrante del grupo de Hidrocarburos de la entidad, dijo al respecto que luego de varias inspecciones realizadas se evidenció la presencia de crudo en el primer punto de control, muy cerca al sitio de la fuga.
Las indagaciones preliminares adelantadas por Corpoboyacá permiten anticipar que la fuga de crudo venía presentándose desde hacía dos meses, aproximadamente, sin que Ocensa S.A., operadora del oleoducto central, ni la ANLA, se hubieran percatado de la contingencia ni del impacto sobre la vegetación y el cuerpo de agua de la quebrada La Cristalina.
Toro agregó que la mancha de petróleo se extendió por un área de 250 metros cuadrados y en coincidencia con la Procuraduría General de la Nación, dijo que la afectación es considerable en el suelo, la cobertura vegetal y el lecho de la quebrada.
En el Concepto Técnico – Jurídico del Ministerio Público se describe el impacto sobre cada recurso natural:
Suelo:
– Contaminación de los horizontes A y B
– Alteración de la capacidad de intercambio catiónico
– Reducción en la retención de nutrientes tales como: NH4+, K+, y Ca++
– Alteración en la retención de la humedad presente en el suelo
Cobertura Vegetal:
– Necrosis Foliar
– Afectaciones físicas y químicas del sistema radicular, las cuales pueden conducir a la muerte del individuo (Arbusto – Árbol)
– Alteraciones fisiológicas en los individuos de la comunidad vegetal (las membranas celulares se dañan por la penetración de moléculas de hidrocarburo)
– Disminución en la capacidad de recuperación de plantas perennes
– Lecho de la Quebrada La Cristalina en su margen izquierda
– Contaminación de material pedregoso (piedras – rocas)
– Afectación a las comunidades de macroinvertebrados presentes en el lecho de la quebrada La Cristalina
Sigue la filtración
La Procuraduría advirtió que el crudo podría ocasionar la muerte de algunas plantas. Foto: archivo particular.
Corpoboyacá confirmó en un informe divulgado el pasado primero de octubre que después de dos meses se continua registrado filtración de hidrocarburo en cuatro puntos específicos de la ladera y del área afectada con el derrame.
“Estas filtraciones se presentan sobre roca tipo laja, verificando que en uno de estos puntos se registra la mayor cantidad de crudo almacenado en un apique de 1m x 1m aproximadamente, y con una profundidad entre 30 y 50 cm, que varía de acuerdo al proceso de recolección del mismo que realiza diariamente Ocensa”.
Corpoboyacá también señaló que en los puntos de filtración de crudo se observa que Ocensa S.A. ha venido realizando remoción de suelo y de roca con el fin de encontrar el origen de la filtración y que la empresa ha instalado, como medida preventiva, barreras oleofílicas para absorver el crudo filtrado.
Recomendaciones de la Procuraduría
ANLA y Corpoboyacá deben revisar el plan de mantenimiento de los oleoductos y gasoductos que atraviesan territorio de Boyacá. Foto: ANLA
En el informe conocido por entreojos.co, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales hace varias recomendaciones tanto a la ANLA como a Corpoboyacá.
En la primera de ellas solicita realizar una evaluación integral a nivel biológico y ecológico que determine la dimensión real del impacto ocasionado por el derrame de hidrocarburo, sobre el bosque húmedo tropical.
También le pide a la ANLA realizar un estudio técnico morfodinámico detallado del comportamiento del suelo en el área impactada a fin de descartar fenómenos de movimientos en masa y por ende una afectación directa a la integridad del oleoducto.
Recomienda igualmente realizar un seguimiento exhaustivo a los resultados arrojados por los piezómetros (medidores enterrados en el suelo) para determinar la magnitud en profundidad y extensión del hidrocarburo permeado en el suelo y en las formaciones sedimentarias.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales ordena a la ANLA y a Corpoboyacá realizar la revisión del plan de mantenimiento y control de los oleoductos, y gasoductos que estén al interior de las áreas protegidas del departamento con el objeto de prevenir futuros accidentes que atenten contra el suelo, subsuelo, la fauna, la flora, el agua, el aire y demás recursos naturales presentes en el territorio.
Por último, el Ministerio Público le ordena a la ANLA dar inicio a los procesos sancionatorios ambientales que se deriven de la emergencia y que están relacionados directamente con los evidentes daños sobre el Parque Regional Natural Serranía de las Quinchas.
entreojos.co consultó a la ANLA, a través de su Oficina Asesora de Comunicaciones, para conocer su reacción al concepto de la Procuraduría, sin embargo, no fue posible obtener respuesta sobre el particular.
