Miguel Rodríguez Saavedra, el alcalde de Sutamarchán (Boyacá), municipio de la provincia de Ricaurte, situado a 44 kilómetros de Tunja, la capital del departamento, solicitó la urgente intervención de las autoridades para prevenir una tragedia asociada a la operación de un poliducto y de la Planta Sutamarchán a cargo de la estatal Ecopetrol y de su contratista Cenit.
La estación de Sutamarchán está ubicada en el kilómetro 7 de la vía Sutamarchán – Santo Ecce Homo (vereda Santo Ecce Homo) y forma parte de la red de poliductos que administra Cenit para el transporte de productos refinados y diluyentes.
Rodríguez Saavedra se dirigió de manera específica a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a los ministerios de Ambiente, Minas y Energía y Trabajo, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Contraloría General de la Nación.
A estas entidades les pidió una investigación integral, la revisión y eventual revocatoria de licencias ambientales, y la adopción inmediata de medidas estrictas de prevención del riesgo en las instalaciones petroleras situadas en su localidad ante conductas omisivas y degradación de la gestión del riesgo por parte de Ecopetrol–Cenit
En la carta dirigida a las autoridades de gestión del riesgo, ambiente, trabajo, minas y energía, y a los entes de control, el alcalde hace una detallada descripción de los hechos que le inquietan a él y a su comunidad.
En primera instancia se refiere a lo que denominó riesgo operativo extremo y continuo:
La Planta Sutamarchán opera productos altamente inflamables a presiones entre 1.050 y 1.350 psi y con tasas de 2.200–3.500 barriles/hora, parámetros que, por sí solos, configuran un escenario de alto riesgo tecnológico. Este riesgo se multiplica por la traza del poliducto que cruza ecosistemas sensibles, fuentes hídricas y asentamientos humanos en nuestro territorio. Un evento de fuga, ignición o explosión en estas condiciones tendría consecuencias catastróficas y plenamente previsibles para la población y el ambiente.
El mandatario alerta sobre hechos asociados al hurto de combustible y al peligro que tal práctica ilegal genera para los habitantes de la zona y el ecosistema:
En el área de influencia se han presentado episodios recientes y publicitados a nivel nacional de robo de combustible (valvuleo ilegal), que evidencian la operación de una red criminal con capacidad de intervenir el poliducto. Esta criminalidad incrementa exponencialmente la probabilidad de pérdidas de contención, incendios y explosiones, agrava la inseguridad pública e impide respuestas oportunas. Negar la gravedad de este contexto o minimizarlo equivale a desconocer un riesgo cierto, grave e inminente para Sutamarchán.
Rodríguez Saavedra cuestiona la falta de acciones empresariales por parte de Ecopetrol y Cenit, especializada en el transporte de hidrocarburos, para prevenir las eventualidades descritas:
Ecopetrol y Cenit han adoptado decisiones que degradan la prevención del riesgo, reduciendo la presencia de personal operativo en sitio hasta un solo operador por turno e incluso dejando periodos sin personal. Con ello desmantelan de facto las brigadas locales de primera respuesta previstas en los Plan de Emergencias y Contingencias (PEC)/ Plan de Atención de Emergencias y Contingencias (PAEC), precisamente cuando la amenaza criminal y los parámetros operativos exigen la máxima vigilancia humana y reacción inmediata. Esta regresión operativa es incompatible con estándares de seguridad industrial con la Ley 1523 de 2012 y con el principio de precaución.
Señala asimismo a Ecopetrol y Cenit de una omisión sistemática y de la ausencia de una estrategia real de reducción del riesgo:
Los delegados de Ecopetrol–Cenit ante esta Alcaldía han sostenido posturas omisivas en reuniones técnicas y de gestión del riesgo: no presentan planes resolutivos, no definen cronogramas verificables, no comprometen recursos concretos ni muestran una estrategia integral para reducir el riesgo agravado por la criminalidad. Esta conducta desconoce la debida diligencia mínima y prolonga una situación de vulnerabilidad inaceptable para la comunidad.
El jefe de gobierno de Sutamarchán se refiere a una ineficacia operativa de los planes de contingencia:
Se constatan inconsistencias técnicas, falta de homologación y desarticulación entre los PEC/PAEC y las matrices de riesgo (RAM). Los documentos no reflejan la realidad de operación (reducción de personal, amenazas por valvuleo, escenarios de peor caso) ni garantizan recursos humanos y logísticos 24/7. Convertidos en formalidades, estos planes no sirven para prevenir ni responder con eficacia, lo cual contraviene el marco legal y las mejores prácticas en gestión del riesgo tecnológico.
Menciona asimismo el déficit de inversión social por parte de la estatal petrolera frente a una carga de riesgo elevada:
Pese a la carga de riesgo que soporta Sutamarchán por la planta y el poliducto, persiste un déficit histórico de inversión social pertinente por parte de las empresas. No se evidencia fortalecimiento suficiente a organismos de socorro, brigadas comunitarias, infraestructura de acceso para emergencias, ni programas robustos de monitoreo ambiental participativo y salud pública ambiental. Esta omisión profundiza la vulnerabilidad del territorio y de su población.
Amenaza latente
Rodríguez Saavedra asegura que hay una concurrencia de amenazas que exige medidas excepcionales:
La combinación de alta presión y caudal, reducción/ausencia de personal y brigadas, documentos ineficaces, déficit de inversión social y la presencia de una red criminal dedicada al robo de combustible configura un escenario de riesgo intolerable.
Y es insistente en que mantener la operación bajo las condiciones planteadas expone a Sutamarchán a un desastre previsible y evitable.
Reitera su llamado a las autoridades correspondientes para la adopción inmediata de medidas estrictas de prevención y control, la investigación integral y la revisión profunda con posibilidad de suspensión y revocatoria de las licencias ambientales, para proteger la vida, el ecosistema y la seguridad pública del municipio.
Las peticiones del alcalde
El alcalde Miguel Rodríguez Saavedra les formuló un pliego de peticiones a cada una de las entidades a las cuales dirigió su comunicación.
A la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo
- Verificación técnica inmediata, in situ, de PEC/PAEC en Planta Sutamarchán y tramos del poliducto en el municipio; auditoría de personal, brigadas, equipos, tiempos de respuesta, rutas de acceso y coherencia documental.
- Imposición de medidas preventivas de inmediato, incluida la suspensión parcial o total de cualquier esquema con un solo operador por turno o sin presencia física permanente.
- Exigencia de presencia 24/7 de brigadas completas, con mínimo dos operadores por turno y personal HSE disponible, y protocolos de articulación con autoridades locales.
- Remisión del informe técnico a Procuraduría, MinTrabajo, MinAmbiente y Fiscalía.
Al Ministerio del Trabajo
- Investigación administrativa de oficio a Ecopetrol S.A. y Cenit S.A.S. por presuntas vulneraciones en SST y por la reducción de personal crítico de primera respuesta.
- Orden de restitución inmediata de operadores y brigadistas en Planta Sutamarchán, con turnos mínimos de dos personas y roles definidos.
- Auditoría del SG-SST, matrices de peligros, capacitaciones, simulacros, y soportes veraces de actualización de PEC/PAEC.
- Medidas de protección a trabajadores denunciantes.
Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la ANLA
- Revisión integral y prioritaria de la licencia ambiental que ampara el poliducto y operaciones asociadas en Sutamarchán, con especial énfasis en:
– Cumplimiento de condicionantes de contingencia, monitoreo, respuesta a emergencias y participación ciudadana.
– Suficiencia real de los Plan de Contingencia Ambiental (PCA), incluida dotación humana y logística 24/7, rutas de acceso, barreras, espumas, Equipo de Respuesta a Emergencias
(ERA), y su preposicionamiento en puntos críticos.
– Actualización de escenarios de riesgo mayor-credibles frente a cambios operacionales (presión de línea, caudal, envejecimiento de activos, proximidad a población y ecosistemas sensibles).
– Efectividad y pertinencia de los programas de inversión social, de compensación y restauración ambiental.
- De encontrarse incumplimientos graves, riesgos no mitigados o degradación sustancial de la prevención, adoptar las medidas sancionatorias y preventivas a que haya lugar, incluyendo:
– Suspensión temporal de actividades en los tramos o instalaciones críticas hasta asegurar condiciones mínimas de seguridad humana y ambiental; y
– Revocatoria de la(s) licencia(s) ambiental(es) correspondiente(s), si es del caso, por el grave riesgo que corre la población y el ecosistema, conforme al régimen sancionatorio ambiental y a los principios de prevención y precaución.
- Práctica de auditorías ambientales independientes, con toma de muestras y monitoreos participativos de agua, suelo y aire, socializando resultados con la comunidad y esta Alcaldía.
A Ecopetrol S.A. y Cenit S.A.S.
- Restablecimiento inmediato de la presencia física permanente de personal calificado y brigadas en Planta Sutamarchán y puntos críticos del poliducto municipal; prohibición de operar con un solo operador por turno o sin personal en sitio.
- Entregar a la Alcaldía, a la Ungrd, a los ministerios de Trabajo y Ambiente, y la ANLA, los siguientes documentos:
– PEC/PAEC actualizados y homologados; o Matrices RAM consistentes y auditables;
– Inventarios de equipos de respuesta preposicionados;
– Bitácoras de turnos y evidencias de entrenamiento del último año;
– Protocolos de coordinación con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y organismos de socorro.
- Presentación de un Plan de Inversión Social específico para Sutamarchán, con presupuesto, cronograma y metas verificables e instancias de veeduría, priorizando dotación a organismos de socorro, fortalecimiento comunitario, mejoramiento de vías de acceso de emergencia y monitoreos ambientales participativos.
- Instalación de una mesa técnica permanente con directivos con capacidad decisoria, actas quincenales y reportes públicos de avance.
A la Fiscalía General de la Nación
- Investigación penal preliminar por posibles omisiones que incrementen el riesgo de desastre tecnológico o ambiental, relacionadas con la reducción de personal, la desatención y/o degradación de los PEC/PAEC y deficiencias de prevención y primera respuesta en la Planta Sutamarchán y en el poliducto que atraviesa el municipio.
- Apertura de noticia criminal y priorización del caso por la existencia de hechos recientes de robo de combustible (valvuleo ilegal) y la presunta operación de una red criminal dedicada a este ilícito, lo que incrementa de forma grave e inminente el riesgo de fuga, incendio y explosión del poliducto, con potencial afectación masiva a la población y al ecosistema.
- Recaudo urgente de pruebas técnicas y testimoniales, incluyendo: i) PEC/PAEC vigentes y sus actualizaciones; ii) matrices de riesgo (RAM) y soportes de capacitación/simulacros; iii) bitácoras de turnos y dotación real de brigadas; iv) reportes e incidentes asociados a intervenciones ilícitas (valvuleos); v) registros de mantenimiento, calibración y alarmas; y vi) comunicaciones y actas de reuniones con autoridades municipales.
- Solicitud y acopio de informes técnicos de la Ungrd, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Ambiente y de la ANLA, para integrarlos al expediente penal a efectos de determinar responsabilidades individuales y corporativas por acción u omisión.
- Decretar medidas preventivas urgentes cuando se constate inexistencia de brigadas, presencia de un solo operador por turno, o falta de personal en sitio en infraestructura de alto riesgo, incluyendo la suspensión temporal de operaciones en tramos o instalaciones críticas hasta tanto se garanticen condiciones mínimas de seguridad humana y ambiental.
- Coordinación interinstitucional con la fuerza pública y autoridades de inteligencia para desmantelar la red criminal de robo de combustible, con medidas de protección a testigos y protocolos de actuación que minimicen riesgos de ignición/explosión durante operativos.
- Evaluación de posibles conductas punibles asociadas, entre otras: daño en los recursos naturales y el medio ambiente; contaminación ambiental; perturbación a los servicios públicos; y omisión de medidas de prevención de desastres, conforme al marco penal aplicable.
- Recaudo de pruebas técnicas y testimoniales; incorporación de informes de Ungrd, MinTrabajo, MinAmbiente y ANLA; y solicitud de medidas preventivas cuando se constate inexistencia de brigadas o presencia de un solo operador por turno.
A la Procuraduría General de la Nación y Contraloría
- Vigilancia superior sobre la actuación oportuna de las autoridades competentes y sobre el cumplimiento de obligaciones por parte de Ecopetrol–Cenit, incluidas condicionantes de licencia e inversión social.
Acciones prioritarias a corto plazo
Luego de exponer las necesidades de prevención y de actuación urgente por parte de las entidades nacionales, Rodríguez Saavedra exigió medidas inmediatas:
- Personal y brigadas: mínimo dos operadores por turno en Planta Sutamarchán; brigada local completa con roles definidos; disponibilidad HSE 24/7; simulacros trimestrales con terceros verificados.
- Equipos y logística: sistemas contra incendio operativos; kits de contención y barreras en puntos críticos del poliducto; radios interoperables; señalización; control de accesos.
- Articulación territorial: protocolos escritos con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, bomberos, policía, hospitales y líderes comunitarios; rutas de evacuación y puntos de encuentro socializados.
- Monitoreo y alerta: detección de fugas redundante; alarmas audibles/visuales; bitácoras de mantenimiento y calibración al día.
- Transparencia y participación: socialización semestral de auditorías, simulacros y monitoreos; canal 24/7 de emergencias; compromisos con plazos y responsables.
Al final el mandatario es contundente:
“La operación en Planta Sutamarchán y el poliducto no puede continuar bajo esquemas que degraden la prevención. La vida de las personas y la integridad del ecosistema exigen acciones inmediatas, verificables y contundentes”.
En su comunicación convoca a la ANLA a revisar sin dilación las licencias ambientales y, si es del caso, proceder a su revocatoria por el grave riesgo a la población y al ambiente.
“La inacción sería contraria a la Constitución, a la ley y a la ética pública, y podría derivar en responsabilidades administrativas, disciplinarias, fiscales, civiles y penales”, concluyó.
