El 9 de enero de 2023, Chile y Colombia solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una Opinión Consultiva sobre la emergencia climática en relación con los derechos humanos, basándose en el artículo 64.1 de la Convención de la OEA sobre esta materia.
Se recibieron 263 escritos de 613 actores entre ellos Estados, organizaciones, comunidades y academia. También se realizaron dos audiencias públicas, una en abril de 2024, en Barbados; y dos más en mayo de 2024, en Brasilia y Manaos, y en ellas participaron 185 delegaciones, incluidos niños y jóvenes.
La Corte deliberó en varias sesiones entre febrero y mayo de 2025, adoptando la Opinión Consultiva OC‑32/25 el pasado 29 de mayo. Esta se notificó oficialmente el 3 de julio de 2025.
A través de esta Opinión Consultiva, la Corte Interamericana les recordó a los Estados sus obligaciones “de respeto, garantía y de adopción de medidas para asegurar derechos sustantivos como vida, salud, integridad personal, vivienda, agua, alimentación, educación y medio ambiente sano, entre otros”.
En su pronunciamiento el Alto Tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA) subrayó la importancia de garantizar lo que denominó como derechos de procedimiento: acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en el marco de decisiones relacionadas con impactos climáticos. Cabe resaltar que tales derechos son la base del pacto vinculante conocido como Acuerdo de Escazú que en países como Colombia ya fue ratificado por el Congreso de la República en 2022.
La Corte les pide a los Estados protección diferenciada a los grupos vulnerables y reconoce expresamente el impacto desproporcionado de la crisis climática en niños. mujeres, comunidades afrodescendientes y defensores ambientales. En este punto la Corte exigió un enfoque interseccional de género en las medidas estatales.
Principales impactos y recomendaciones
Los puntos clave de la Opinión Consultiva OC‑32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los siguientes:
– Reconoce al derecho a un clima sano como parte de las obligaciones de los Estados.
– Los insta a diseñar y aplicar políticas públicas con perspectiva de género e interseccionalidad, incluidas medidas sobre violencia de género en contextos de desastres.
– Exige identificación, protección y datos sobre agresiones a mujeres defensoras del ambiente, especialmente indígenas.
– Demanda la colaboración internacional en tecnologías agrícolas sostenibles, como la agroecología, para minimizar emisiones y promover la salud reproductiva.
AIDA Américas, una oenegé internacional de derechos humanos, calificó la Opinión Consultiva OC‑32/25 de la Corte como un hito histórico, y lo expresó de la siguiente manera:
“Es la primera vez que un tribunal regional en América define obligaciones claras y concretas para los Estados respecto a los derechos humanos en el contexto de la crisis climática. Con un fuerte enfoque en la equidad, protección de los más vulnerables y la respuesta integral y justa al cambio climático. La Corte establece un estándar claro para políticas nacionales y litigios ambientales en toda la región”.
El texto completo de la Opinión Consultiva OC‑32/25 se piede leer aquí.:
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