Por Germán García Barrera – editor de contenidos
La Gobernación de Boyacá está ejecutando dos proyectos de inversión por más de 35 mil millones de pesos en ecosistemas de páramo y áreas protegidas estratégicas.
La promesa es restaurar, conservar y ordenar alrededor del agua en territorios claves para el abastecimiento hídrico del departamento. Pero veedurías ciudadanas y colectivos ambientales advierten vacíos en la viabilidad técnica, dudas sobre lo que se está sembrando, silencios institucionales y un riesgo de que, en nombre de la conservación, se tomen decisiones que puedan terminar afectando los mismos ecosistemas que se busca proteger.
Dos proyectos, dos páramos y una chequera de regalías
Los recursos provienen del Sistema General de Regalías (SGR) y fueron aprobados en el marco de la ‘Convocatoria para la conservación de áreas ambientales estratégicas y gestión ambiental en municipios menores a 50.000 habitantes’, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el bienio 2023–2024.
Se trata de dos proyectos formulados y presentados por la Gobernación de Boyacá:
– Conservación ambiental del área protegida Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo y su área de influencia del departamento de Boyacá, identificado con el código BPIN: 20243201010082 y para el cual se destinaron 9.477 millones de pesos.
– Conservación de las áreas ambientales estratégicas y gestión ambiental en el páramo de Tota– Bijagual– Mamapacha en el departamento de Boyacá, identificado con el código BPIN: 20243201010059, y en el cual se invertirán 26.365 millones de pesos.
En marzo, entreojos.co informó que 470 mil plantas nativas serían sembradas en áreas de páramo dentro de estas iniciativas, según el anuncio hecho en ese momento por el entonces secretario de Ambiente, Fabio Medrano,
En agosto, en otro artículo, nos preguntamos, cómo se invertirían los 35 mil millones de pesos destinados a Pan de Azúcar–El Consuelo y Tota–Bijagual–Mamapacha, proyectos que se ejecutarán en un plazo de 24 meses mediante contratos adjudicados por la Gobernación de Boyacá.
Sobre el papel, la apuesta combina restauración ecológica, reconversión productiva, educación ambiental y medidas de gestión del agua. En la práctica, las dudas crecen.
¿Quién dio realmente la viabilidad técnica?
Una de las primeras alertas surgió por el camino que siguieron los proyectos para obtener su aval en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).
El veedor ambiental Manolo Salamanca, doliente del Páramo Tota–Bijagual–Mamapacha, sostiene que las iniciativas “tenían que haber recibido viabilidad técnica de la sectorial de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos” del Ministerio, la encargada de los temas de páramos y ecosistemas estratégicos.
“Nunca pasaron por allá, porque si hubieran pasado allá los proyectos hoy no se estarían ejecutando porque no eran viables, y no son viables”, afirmó Salamanca.
Según su versión, el trámite se concentró en la Subdirección de Planeación del Ministerio, donde —dice— se “metió la mano políticamente” para asignar los recursos, pero sin el análisis riguroso de la dependencia técnica en páramos.
entreojos.co consultó al Ministerio de Ambiente el 13 de agosto sobre los avances de ejecución y sobre el procedimiento seguido para otorgar la viabilidad. La respuesta se limitó a señalar que el responsable de la ejecución es la Gobernación de Boyacá.
El 11 de noviembre se elevó un nuevo cuestionario, más específico, preguntando si los proyectos fueron avalados por la Subdirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, uno de los puntos más sensibles para las veedurías. Hasta la fecha el Ministerio no ha respondido.
Corpoboyacá entregó certificaciones de coherencia
En el centro del debate también aparece Corpoboyacá, autoridad ambiental competente en gran parte de las áreas de intervención.
Salamanca sostiene que la Corporación debió emitir un aval técnico como administradora del páramo y de los parques regionales involucrados, y que solicitó copia de ese aval como parte de sus actuaciones de veeduría.
Sin embargo, en respuesta a entreojos.co, la Subdirección de Planeación de Corpoboyacá fue enfática:
- La entidad “no emitió o expidió conceptos o avales técnicos, como tampoco de viabilidad alguna” previos a la radicación, evaluación y aprobación de los proyectos.
- La viabilidad, de acuerdo con el Decreto 1821 de 2020 y el Acuerdo 03 de 2021 del SGR, corresponde al Ministerio de Ambiente cuando se trata de proyectos financiados con la Asignación Ambiental.
Lo que sí hizo Corpoboyacá fue emitir, a solicitud de la Gobernación, certificaciones de coherencia de las actividades de los proyectos y en armonía con instrumentos de planificación como el Plan de Acción 2024–2027 de la Corporación y el Plan de Gestión Ambiental Regional 2021–2031.
Es decir, la Corporación avala que los proyectos “son coherentes” con su planeación, pero aclara que eso no equivale a un visto bueno técnico ni a una viabilidad integral.
Salamanca y otros veedores creen que la frontera entre “coherencia” y “aval técnico” no es tan nítida cuando se trata de intervenir ecosistemas tan sensibles, y que la ausencia de un concepto técnico formal de Corpoboyacá deja un flanco abierto en la cadena de responsabilidad.
Restaurar sin plan de manejo: el caso Tota – Bijagual – Mamapacha
Otra de las críticas apunta a la falta de planes de manejo en algunas de las áreas donde se ejecutan los proyectos.
En respuesta a un cuestionario de entreojos.co, la Subdirección de Planeación de Corpoboyacá reconoció que el Páramo Tota–Bijagual–Mamapacha no cuenta aún con plan de manejo. No obstante, señaló que sí existen “acciones prioritarias” que deben implementar las entidades territoriales y nacionales, entre ellas:
- Procesos de restauración ecológica en áreas de importancia ambiental,
- Reconversión agropecuaria en zonas con conflicto de uso,
Todo ello, se asegura desde la Corporación, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Agricultura.
En contraste, el Parque Natural Regional Pan de Azúcar–El Consuelo sí tiene plan de manejo formulado y adoptado mediante el Acuerdo 001 del 15 de febrero de 2021.
Para los colectivos ambientales, la pregunta es si es adecuado poner en marcha contratos multimillonarios de restauración, reconversión y construcción de infraestructura —como biodigestores— sin contar con un plan de manejo integral y concertado para todo el complejo de páramo, especialmente en áreas donde se traslapan figuras de protección, como páramo y parque regional.
En esos escenarios, recuerda Salamanca, “la parte restrictiva la pone el parque”, lo que haría aún más delicadas intervenciones de gran escala sin una hoja de ruta clara y explícita.
¿Qué se está sembrando realmente en el páramo?
Más allá de los procedimientos administrativos, el corazón de los proyectos está en las acciones de restauración ecológica y de reforestación. Y allí se concentran otras de las inquietudes.
De acuerdo con denuncias conocidas por entreojos.co y con testimonios recogidos en campo, la empresa encargada de la siembra de especies nativas estaría generando impactos por el uso de maquinaria y personal en áreas sensibles.
En zonas de páramo de Tota, Monguí, Mongua, Pesca y Siachoque, se ha reportado la siembra de árboles que no corresponderían al ecosistema de páramo, lo que podría provocar impactos severos sobre la vegetación nativa y la dinámica del suelo. Sobre este punto específico no se recibió retroalimentación ni de la Corporación ni de la Gobernación de Boyacá.
Para esclarecer estos puntos, entreojos.co le formuló a Corpoboyacá preguntas específicas:
- ¿Qué acciones de verificación realiza la Corporación sobre los viveros encargados del material vegetal?
- ¿Cuáles son las especies y variedades que se están sembrando y con qué criterios se definen?
- ¿Qué conceptos técnicos garantizan que se trata de ejemplares nativos y propios del ecosistema a intervenir?
- ¿Cómo se están monitoreando los tiempos de siembra para asegurar que las plántulas se establezcan en épocas de humedad adecuadas?
- ¿Qué reportes existen sobre posibles infracciones ambientales cometidas por los contratistas durante la ejecución?
Las respuestas de la Corporación no fueron específicas: se concentraron en describir competencias institucionales suyas y de otras entidades —como municipios y ministerios— pero no detallaron listas de especies, estudios de procedencia del material vegetal, protocolos de monitoreo ni posibles hallazgos de incumplimiento.
Para expertos en restauración ecológica, estos elementos —origen de las plántulas, diversidad genética, compatibilidad con el ecosistema y época de siembra— son determinantes para que un proyecto de esta naturaleza no termine homogeneizando el paisaje ni afectando la resiliencia del páramo frente al cambio climático.
Biodigestores y ganadería: ¿conservar o consolidar usos en el páramo?
Otro punto sensible es la inclusión de biodigestores dentro de las actividades financiadas por los proyectos.
Los denunciantes no cuestionan en sí misma la tecnología —que permite aprovechar residuos orgánicos, producir biogás y reducir vertimientos—, sino el lugar donde se está implementando: zonas de páramo donde la expansión y consolidación de la ganadería ha sido uno de los principales factores de presión.
Para las veedurías, incluir biodigestores sin una discusión de fondo sobre la carga ganadera y el manejo del territorio puede terminar legitimando la permanencia de actividades incompatibles con el páramo, bajo la narrativa de “producción más limpia”.
La pregunta clave aquí es si los proyectos buscan solo “mitigar” el impacto de actividades existentes, o si se están definiendo límites claros —en extensión, número de animales, tipos de uso— que garanticen la recuperación del ecosistema a mediano y largo plazo.
Silencios, retrasos y veeduría ciudadana
En este panorama, la información oportuna y completa es clave para el control ciudadano. Sin embargo, las respuestas institucionales han sido, hasta ahora, parciales.
El 29 de agosto, entreojos.co pidió al entonces secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Boyacá, Wilfredy Bonilla, detalles sobre el estado y el avance de los proyectos.
La respuesta se centró en listar procesos licitatorios, mencionar que el proyecto de Tota–Bijagual–Mamapacha fue adjudicado al Consorcio Restauración Páramos Boyacá y reiterar que ambos se ejecutarían en 24 meses, con seguimiento a través del Plan Operativo de Ejecución (POE).
No se precisó, en ese momento, el nombre del contratista para el proyecto del Parque Pan de Azúcar–El Consuelo ni se entregaron cronogramas pormenorizados de inversión.
El 11 de noviembre, entreojos.co envió una nueva solicitud de información a la Secretaría de Ambiente, con requerimientos más específicos. Veinte días hábiles después, no ha habido respuesta.
La nueva secretaria de Ambiente de Boyacá, Soraida Ruiz, fue consultada sobre las inquietudes frente al alcance y desarrollo de los proyectos, pero tampoco contestó.
entreojos.co preguntó a Corpoboyacá si la entidad había recibido quejas de la comunidad por la ejecución de las actividades. La respuesta fue que la Corporación no ha recibido demandas ciudadanas por los proyectos. Sin embargo, este medio conoció que el veedor Manolo Salamanca radicó sus observaciones antes del 11 de noviembre, fecha en la que fue registrada la solicitud de información de entreojos.co a Corpoboyacá.
Este martes 9 de diciembre varias organizaciones radicaron nuevos requerimientos de información tanto a Corpoboyacá como al Ministerio de Ambiente, buscando claridad sobre la ejecución de las iniciativas, que habrían empezado su implementación en septiembre pasado.
Mientras las entidades se remiten unas a otras sobre competencias y responsabilidades, las veedurías intentan reconstruir, con fragmentos de información, la ruta del dinero y de las decisiones que hoy están interviniendo dos de los complejos de páramo más importantes de Boyacá.
Las preguntas que siguen abiertas
Los dos proyectos de conservación de Pan de Azúcar–El Consuelo y Tota–Bijagual–Mamapacha movilizan más de 35 mil millones de pesos en nombre de la protección del agua y de los ecosistemas de alta montaña.
Pero, a la luz de las respuestas oficiales y de los testimonios recogidos en el territorio, siguen abiertas preguntas fundamentales:
- ¿Por qué los proyectos no pasaron, según las veedurías, por la instancia técnica en páramos del Ministerio de Ambiente, y por qué el Ministerio no ha dado explicaciones claras al respecto?
- ¿Hasta dónde llega realmente la responsabilidad de Corpoboyacá, que certifica la “coherencia” de las actividades con su planeación, pero se abstiene de emitir un aval técnico formal?
- ¿Es prudente ejecutar acciones masivas de restauración y reconversión sin planes de manejo plenamente adoptados en todos los complejos de páramo intervenidos?
- ¿Qué especies se están sembrando, de dónde provienen las plántulas y cómo se está garantizando que son nativas y genéticamente adecuadas para estos ecosistemas?
- ¿Los biodigestores contribuirán a reducir la presión sobre el páramo o, por el contrario, consolidarán la presencia ganadera allí donde el ecosistema requiere reducir cargas y liberar áreas para la regeneración?
Hasta que estas preguntas no encuentren respuestas precisas, verificables y públicas, los proyectos seguirán moviéndose en una zona gris: la que se abre entre el discurso de la conservación y la práctica concreta de cómo, dónde y con qué se intervienen los páramos.
En ecosistemas que tardan siglos en formarse y minutos en alterarse, no se trata solo de cuánto dinero se invierte, sino de cómo se toman las decisiones y quién responde por sus efectos.
