El 3 de julio, la Alcaldía de Aquitania, la ONG Futuro Verde y un diputado de la Asamblea de Boyacá radicaron ante Corpoboyacá un derecho de petición de interés general que le exige a la autoridad ambiental prohibir de manera vinculante cualquier actividad de prospección, exploración sísmica, perforación y explotación de hidrocarburos dentro del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA), actualmente en proceso de formulación.
El documento, radicado bajo el número 021979 y firmado por el alcalde de Aquitania, Óscar Darío Hurtado Pérez; el representante legal de Futuro Verde, Manolo Salamanca Pérez; y el diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre, no se limita a la zona de influencia directa de la cuenca.
Pide que la protección se extienda a la totalidad del Complejo de Páramos Tota–Bijagual–Mamapacha, incluidas sus zonas de transición bosque-páramo y sus áreas de amortiguamiento, bajo el argumento de que estos ecosistemas no pueden entenderse ni gestionarse de forma aislada.
Vacíos de planificación
El sustento de la petición es la ausencia de un Plan de Manejo Ambiental (PMA) adoptado para el complejo de páramos.
Según los peticionarios, esa falta de instrumento técnico impide a Corpoboyacá evaluar o zonificar con rigor los impactos de actividades de alto riesgo como los hidrocarburos, lo que obliga a la Corporación a aplicar una restricción preventiva mientras ese vacío no se resuelva. En este punto invocan el Principio de Precaución consagrado en la Ley 99 de 1993.
A ese argumento se suma la Ley 1930 de 2018, que declaró los páramos ecosistemas estratégicos de especial protección, y la Sentencia C-035 de 2016 de la Corte Constitucional, que retiró del ordenamiento jurídico las disposiciones que permitían mantener contratos o licencias de minería e hidrocarburos en zonas de páramo.
El alcalde de Aquitania, el representante de la ONG, Manolo Salamanca; y el diputado Torres recuerdan que, para la Corte, el derecho al agua potable y la conservación ambiental prevalecen sobre las expectativas económicas de explotación del subsuelo.
Seis peticiones concretas
La comunicación remitida a la directora de Corpoboyacá, Yeimy Echeverría, formula el requerimiento en seis puntos:
- Incorporar la prohibición absoluta de hidrocarburos en el documento de formulación actual del POMCA Lago de Tota.
- Socializar la solicitud en las mesas de trabajo técnicas y comunitarias de la fase actual y final del POMCA.
- Suspender de forma preventiva cualquier trámite de licenciamiento, vertimientos o concesión de aguas asociado a proyectos de hidrocarburos en el complejo de páramos.
- Incorporar esas restricciones en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) de la cuenca.
- Trasladar las determinantes ambientales, una vez adoptado el POMCA, a los municipios con injerencia en el territorio para su incorporación obligatoria en los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT/EOT).
- Solicitar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que se abstengan de incluir bloques o tramitar licencias dentro de la zona.
Este último punto conecta la petición local con un escenario de tensión más amplio: la relación entre los instrumentos de planificación ambiental regional y las decisiones que el Gobierno nacional adopta sobre el subsuelo.
Los firmantes citan también la Sentencia de Unificación SU-095 de 2018, en la que la Corte Constitucional determinó que, si bien las entidades territoriales no tienen poder de veto unilateral sobre el subsuelo, sí existen principios de coordinación y concurrencia que obligan a la Nación a no desconocer los instrumentos técnico-territoriales ya construidos, como los POMCA.
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Un ecosistema que ya enfrenta otras presiones
La petición llega en un momento en que el Complejo de Páramos Tota–Bijagual–Mamapacha viene siendo objeto de seguimiento por otros frentes.
En marzo pasado, entreojos.co reportó que la Procuraduría pidió al Ministerio de Ambiente investigar presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto de restauración financiado con recursos de regalías en el mismo complejo, luego de que un veedor documentara intervenciones cuestionadas sobre vegetación de páramo.
A esas alertas se suman denuncias recurrentes sobre minería legal e ilegal que, según organizaciones ambientales de la región, ya compromete algunos sectores del área protegida.
Ese contexto es, precisamente, el que los peticionarios invocan para justificar la urgencia de su solicitud: si el ecosistema ya enfrenta presiones por minería y por intervenciones cuestionadas de restauración, argumentan, permitir además la entrada de hidrocarburos,incluidas eventuales técnicas de fracturamiento hidráulico, representaría un riesgo adicional e irreversible para la recarga hídrica del lago y para la conectividad biológica del complejo de páramos.
Corpoboyacá tiene ahora el término legal previsto por la Ley 1755 de 2015 para dar respuesta al derecho de petición.
De la respuesta de Corpoboyacá dependerá, en gran medida, si la prohibición que piden el alcalde de Aquitania, la ONG Futuro Verde y el diputado Torres Aguirre queda o no incorporada de manera vinculante en el POMCA Lago de Tota, uno de los instrumentos de planificación ambiental más esperados, y más disputados, de esta región de Boyacá.
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