Mientras Corpoboyacá sostiene oficialmente que el Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica de Siscunsí – Ocetá permanece suspendido para actividades ecoturísticas desde octubre de 2022, en el municipio de Mongua el ingreso de visitantes continúa desarrollándose con aparente normalidad. Incluso, con cobros autorizados desde la administración municipal.
entreojos.co comprobó directamente el ingreso al sendero de Laguna Negra, en jurisdicción de Mongua, pagando una tarifa de 11.800 pesos establecida en una tabla oficial de cobros promovida por la Alcaldía local para visitantes que realizan recorridos ecoturísticos hacia el páramo.
La situación expone una contradicción institucional de fondo: mientras la autoridad ambiental regional insiste en que el área protegida permanece bajo restricciones por conflictos socioambientales y turismo descontrolado, las actividades turísticas siguen operando en algunos sectores del parque sin que exista, según la propia Corporación, autorización para ello.
Un parque oficialmente suspendido
El 21 de octubre de 2022, Corpoboyacá anunció la suspensión temporal del ingreso a los senderos ecológicos del Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica de Siscunsí – Ocetá, argumentando impactos derivados del uso desorganizado de los senderos y conflictos socio – ambientales asociados al turismo.
La medida cobija un área protegida de cerca de 49.793 hectáreas que se extiende sobre los municipios de Monguí, Mongua, Sogamoso y Aquitania, y cuya administración recae exclusivamente sobre Corpoboyacá, según el Acuerdo 027 de 2008.
Tres años después de esa decisión, la propia Corporación continúa reiterando oficialmente que el parque permanece cerrado para actividades ecoturísticas.
Así quedó consignado en el Oficio 140–17541 del 4 de septiembre de 2025, firmado por el subdirector de Planeación de Corpoboyacá, Giovany Viasus Quintero, y dirigido al alcalde de Mongua, Miguel Ángel Serrano Cely:
“El Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica de Siscunsí – Ocetá se encuentra temporalmente cerrado para actividades ecoturísticas”.
En esa misma comunicación, la Corporación recordó que el municipio, como primera autoridad ambiental local, debería ejercer seguimiento y vigilancia para garantizar la protección del área protegida.
Los cobros continúan
Pese a ello, el acceso turístico por el sendero de Laguna Negra sigue habilitado de facto.
entreojos.co verificó que visitantes continúan ingresando al área y pagando una tarifa establecida por la Alcaldía de Mongua. El cobro ocurre aun cuando Corpoboyacá aseguró formalmente que no ha autorizado ningún permiso para recaudar dinero dentro del parque.
Así quedó señalado en la respuesta emitida el 11 de septiembre de 2025 por el mismo subdirector de Planeación de la Corporación frente a un derecho de petición ciudadano:
“Por parte de Corpoboyacá no se ha emitido o autorizado ningún tipo de permiso para realizar los cobros dentro del área protegida”.
La controversia se profundiza porque el Concejo Municipal de Mongua aprobó mediante Acuerdo 002 del 15 de marzo de 2024 el cobro de ingreso al PNR Siscunsí – Ocetá, una decisión cuya legalidad ha sido cuestionada por ciudadanos y frente a la cual Corpoboyacá aseguró no tener competencia jurídica para ejercer control administrativo directo.
Requerimientos ignorados
Desde septiembre de 2025, Corpoboyacá ha enviado reiterados requerimientos a la Alcaldía de Mongua solicitando control sobre las actividades ecoturísticas dentro del parque.
Además del oficio que recordó el cierre vigente, la Corporación convocó para el 23 de septiembre de 2025 una mesa de trabajo para revisar las actividades turísticas y los cobros de ingreso reportados incluso por la Procuraduría 32 Judicial Ambiental, Minero Energética y Agraria de Tunja.
Sin embargo, según pudo establecer entreojos.co, las actividades continúan desarrollándose sin modificaciones visibles en el sendero de acceso por Mongua.
Ni la Alcaldía de Mongua ni Corpoboyacá respondieron a los cuestionarios enviados por este medio el pasado 14 de mayo para aclarar la situación actual del sendero, los cobros autorizados y las actuaciones administrativas adelantadas.
La apertura parcial en Monguí
En medio de la suspensión general, Corpoboyacá adoptó una decisión que también ha generado interrogantes.
El 5 de diciembre de 2025, la directora de la entidad, Yeimy Echeverría, informó sobre la autorización para la apertura temporal del Sendero Páramo de Ocetá, en jurisdicción de Monguí, bajo un proyecto piloto articulado con la Alcaldía municipal y la Asociación de Propietarios Colindantes con el Sendero Ecoturístico Páramo de Ocetá (Asoecocetá).
La medida fue planteada para un periodo de seis meses, entre el 25 de noviembre de 2025 y el 24 de mayo de 2026.
Corpoboyacá sostiene que este tipo de aperturas controladas hacen parte de un proceso gradual de reorganización del turismo dentro del parque, apoyado en criterios técnicos, estudios de capacidad de carga y actualización del Plan de Manejo del área protegida.
La Corporación argumenta además que la suspensión inicial respondió al principio de precaución ambiental, contemplado en la Ley 99 de 1993, debido a riesgos de degradación ecosistémica derivados del turismo no regulado.
“No está cerrado, sino no habilitado”
entreojos.co conoció además versiones extraoficiales de la Corporaciòn según las cuales el sendero de Mongua “no está cerrado”, sino “no habilitado”.
La interpretación resulta problemática frente a las comunicaciones oficiales conocidas por este medio, en las que la Corporación sí habla expresamente de “cierre temporal” del parque para actividades ecoturísticas.
Más allá de la discusión semántica, lo cierto es que actualmente no existiría autorización para el tránsito ecoturístico ni para el cobro de ingreso en el sendero de Laguna Negra.
Pese a ello, la actividad continúa.
El trasfondo: turismo, conservación y gobernanza
El conflicto alrededor de Ocetá refleja una tensión creciente en varios ecosistemas estratégicos de Boyacá: la dificultad para equilibrar conservación ambiental, turismo de naturaleza y economías locales.
Corpoboyacá reconoce que el ecoturismo puede convertirse en una estrategia de conservación y desarrollo económico para las comunidades, pero insiste en que debe operar bajo esquemas de planificación, regulación y gobernanza.
Por ahora, sin embargo, el caso de Mongua deja abiertas varias preguntas:
- ¿Quién controla realmente el acceso a un parque regional oficialmente suspendido?
- ¿Puede un municipio cobrar ingreso a un área protegida sin autorización expresa de la autoridad ambiental?
- ¿Qué responsabilidad administrativa existe frente a un eventual incumplimiento de las restricciones impuestas por Corpoboyacá?
- ¿Y bajo qué criterios se permite la apertura piloto en un municipio mientras en otro persisten actividades aparentemente irregulares?
Mientras esas respuestas siguen pendientes, el turismo continúa entrando al páramo. Y pagando por hacerlo.
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