La operación estuvo a cargo de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General y el Ejército Nacional en el marco de la estrategia Protección del Capital Natural.
De acuerdo con la información entregada por estas autoridades, los señalados de atentar contra la Serranía de las Quinchas, un parque regional natural ubicado entre los municipios de Puerto Boyacá y Otanche, en el departamento de Boyacá, compraban madera explotada ilegalmente y la transportaban usando guías de movilización de plantaciones forestales legalmente registradas ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
De esta manera burlaban los controles policiales y de las autoridades ambientales tanto de Cundinamarca como de Boyacá.
Entre los capturados está una persona identificada con el alias de ‘Luis’ de quien se asegura se desempeñó como concejal del municipio de San Pablo de Borbur. ‘Luis’ estaría a cargo de la organización criminal y junto a él fueron privados de la libertad cinco tramitadores encargados de adelantar labores de tipo administrativo para la comercialización de madera, tres comerciantes y un conductor.
Los capturados, de quienes no se informó sobre su identidad real, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por los delitos de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, cohecho propio, prevaricato por omisión, obtención de documento público falso y concierto para delinquir.
Tres años duró la investigación en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca que condujo al resultado de esta operación. Los datos recopilados por la Policía, el Ejército y la Fiscalía señalan a los acusados de deforestar 30 hectáreas y de traficar ilegalmente 7.000 metros cúbicos de madera de especies de como Eucalipto, Pino, Cedro, Guácimo y Teca.
El costo de cada metro cúbico de estos recursos forestales puede oscilar entre los 360 mil y los 800 mil pesos, informó la Dirección de Carabineros de la Policía, y las ganancias anuales percibidas por los ejecutores de esta actuación ilícita se estiman en 1.200 millones de pesos.
Sobre el destino de la madera obtenida clandestinamente, las autoridades pudieron evidenciar que la misma era utilizada para la construcción de socavones mineros en los municipios de Muzo, Maripí, Pauna y San Pablo de Borbur; la fabricación de carrocerías para vehículos de carga y la elaboración de muebles para el hogar.
