La corporación avanza en un modelo de trabajo con 23 comunidades del páramo mientras el país sigue en deuda con la formulación de los planes de manejo de los ecosistemas delimitados.
La Ley 1930 de 2018, conocida como Ley de Páramos, ordenó a las autoridades ambientales, a los departamentos y a los municipios formular los planes de manejo de los páramos delimitados y poner en marcha procesos de reconversión o sustitución de actividades productivas.
Se trataba de fijar reglas claras sobre qué se puede hacer y qué no en estos ecosistemas y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas económicas a las comunidades que dependen de ellos.
Seis años después, el panorama sigue siendo incierto. Las corporaciones autónomas regionales alegan falta de recursos y herramientas técnicas, los ministerios de Ambiente y Agricultura expiden normas de manera fragmentada, y las comunidades campesinas siguen esperando orientaciones concretas sobre cómo asegurar sus ingresos sin poner en riesgo las fuentes de agua.
En el caso de Boyacá, Corpoboyacá decidió no esperar a que todo el andamiaje normativo esté listo para empezar a moverse. Sobre los retos de esta tarea habló con entreojos.co Giovanni Viasus, subdirector de Planeación de la entidad.
Un piloto en ciernes
“Nosotros nos hemos hecho esta pregunta: ¿qué hacemos mientras tenemos planes de manejo, qué hacemos mientras tenemos esas herramientas ministeriales que desdoblen, por decirlo de alguna manera, lo que ordena la Ley de Páramos en el territorio?”, reconoció Viasus.
La primera conclusión fue que ninguna institución, por sí sola, puede resolver el rompecabezas. “Hay una tarea fundamental y es ponernos de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente para que ellos traigan esa información a las comunidades”, explicó.
Corpoboyacá empezó por abrir espacios de diálogo. “Hemos habilitado una serie de talleres para entender, con las mismas comunidades, cuál es el norte de cada una de las responsabilidades de los actores institucionales”, añadió el subdirector.
Ese ejercicio ha incluido revisar “hacia adentro” qué normas ya existen y cómo están operando. Parte de esa socialización se ha adelantado con líderes comunitarios, aunque la corporación admite que falta recorrer más territorio y hacer visitas conjuntas con el Ministerio de Ambiente a los ecosistemas de alta montaña.
Un piloto con 23 comunidades de páramo
Mientras tanto, Corpoboyacá decidió dar un paso más allá de la discusión normativa y arrancar con un piloto de reconversión productiva. El punto de partida fue una frase clave de la Ley de Páramos: todas las actividades que se hayan desarrollado antes del 16 de junio de 2011 deben ser reconocidas.
“Gracias a los sistemas de información que tenemos en Corpoboyacá hemos empezado a hacer revisiones de coberturas vegetales con mapas de antes de 2011, donde vemos parches o áreas con transformación de esas coberturas, que demuestran la existencia de actividades agropecuarias”, explicó Viasus.
Con esa línea de base la corporación definió un proyecto piloto en 17 veredas y 23 comunidades de ecosistemas de páramo ubicadas en cinco municipios: Cómbita, Monguí, Samacá, Siachoque y Sotaquirá.
El primer paso fue la cartografía social. “Les decimos a las comunidades que es importante entender sus predios, ese pedazo de tierra que tienen en el páramo: cómo está, qué hacíamos, cómo veníamos trabajando”, contó el funcionario. Se trata de un ejercicio de memoria territorial que permite reconocer las plantas presentes, las fuentes de agua, los cambios en la cobertura y las prácticas productivas.
En paralelo se adelantan muestreos de suelos y análisis de la calidad del agua, así como sobrevuelos con drones para evaluar el estado de la cobertura vegetal. Con esos insumos se está construyendo “un modelo de prueba y error sobre cuáles serían esas acciones de reconversión productiva, de producción sostenible”.
“Hemos realizado talleres con las comunidades frente a qué producen, cómo lo producen y qué podríamos hacer”, resumió Viasus. La meta es que en 2026 Corpoboyacá pueda entregar “paquetes” de reconversión productiva diseñados a partir de ese diagnóstico participativo.
Escuelas vivas y aliados académicos
El piloto no solo involucra a productores y juntas de acción comunal. También se vincularon siete instituciones educativas rurales asentadas en esos ecosistemas de páramo. “Los mismos estudiantes están haciéndole seguimiento a esas escuelas vivas que son sus mismos predios”, destacó el subdirector de Planeación.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) se sumó con su laboratorio de bromatología, desde el cual se analizan las características físico-químicas de los suelos. “Los estudiantes están aportando desde sus procesos de investigación o de proyección social para hacerle seguimiento a ese piloto de mejoramientos de vida integral a partir de producción sostenible y bienestar colectivo”, agregó Viasus.
La apuesta es que, cuando por fin se adopten los planes de manejo, las comunidades ya hayan avanzado en un camino de reconversión y no tengan que empezar de cero. “No esperemos hasta que haya un plan de manejo, hasta que haya una zonificación”, insistió el funcionario. “La idea es que cuando se implemente el plan de manejo, ellos ya estén transitando ese ejercicio y nosotros hayamos trabajado unos mínimos”.
La deuda con los planes de manejo
El avance del piloto contrasta con el rezago en la formulación de los instrumentos de planificación que ordena la Ley 1930.
“Es una deuda de todo el país, hoy solamente hay un complejo de páramos en el país que tiene plan de manejo”, afirmó Viasus, en alusión al Plan de Manejo Ambiental del páramo de Tamá, a cargo de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor).
En el caso de Corpoboyacá, aseguró el subdirector de Planeación, la corporación ha venido “transitando” en la formulación de dos planes de manejo: Iguaque–Merchán y Guantiva–La Rusia. Sin embargo, el proceso ha sido lento.
“El ejercicio no ha sido fácil porque se le ha sumado un proceso de contratación que ha sido paquidérmico”, admitió el subdirector. “El ejercicio contractual y administrativo no ha sido fácil, entonces ahí se ha avanzado en unos insumos y algunos componentes de los planes de manejo”.
El reto de financiar y dar sentido a los instrumentos
Detrás del retraso en los planes hay un problema estructural: el dinero. “Todas las corporaciones tenemos una necesidad grande y es cómo financiar los planes de manejo”, reconoció Viasus.
Por ello, varias autoridades ambientales, Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente adelantan un trabajo conjunto para analizar fuentes de recursos que permitan costear tanto la formulación como la implementación de estos instrumentos.
“Un plan de manejo cuesta mucho dinero y es un instrumento que finalmente la gente lo percibe como un lineamiento más, pero no como algo útil para la restauración o el fortalecimiento del sector productivo”, advirtió.
Ese es, quizá, uno de los mayores retos: que los planes de manejo no se queden en documentos técnicos almacenados en una oficina, sino que se traduzcan en recursos, proyectos y acompañamiento concreto para las familias que viven en los páramos.
Mientras eso ocurre, Corpoboyacá intenta demostrar que es posible empezar a caminar. El piloto con 23 comunidades, la articulación con escuelas rurales y universidades y los ejercicios de cartografía social son, por ahora, una forma de no dejar en el papel la promesa de que la conservación de los páramos debe ir de la mano de la garantía de derechos y de medios de vida dignos para quienes los habitan.
