Tercera entrega
Auspiciada por la firma Jaime Arteaga y Asociados, Brújula Minera es una iniciativa de consulta a través de la cual “se busca brindar información que nutra el diálogo sobre el pasado, el presente y el futuro de la minería en el país”.
Anualmente, desde 2014, realizan un estudio de reputación minera a través del cual indagan en municipios con actividad extractiva por la incidencia del sector, sus beneficios e impactos, acciones de sostenibilidad y de transición energética.
Daniela Orozco, gerente de Brújula Minera, se refirió al análisis realizado en 2022 en alianza con la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del Ministerio de Minas y Energía, en el marco de la construcción del ‘Plan Nacional de Desarrollo Minero con enfoque territorial’ que recorrió diferentes zonas del país, incluido el departamento de Boyacá.
A partir de un trabajo de campo cualitativo intensivo, el equipo consultor entrevistó a empresarios, trabajadores y comunidades localizadas en municipios de la provincia de Valderrama, donde se concentra la explotación de carbón; y de Muzo, localidad de la provincia boyacense de Occidente, con alta producción de esmeraldas. El análisis incluyó el fenómeno de la minería ilegal.
“En Muzo la minería ilegal está asociada a la tradicional práctica de la guaquería en busca de esmeraldas, lo han hecho durante toda su vida abriéndose camino entre la montaña”, detalló Daniela Orozco.
Una de las conclusiones de ese recorrido tiene que ver con el relacionamiento entre empresarios mineros y guaqueros. “En esa región hay unos actores empresariales muy fuertes que no han logrado articularse con estos mineros que ejercen la guaquería, y ante la ausencia de alternativas diferentes ellos continúan con esa labor, no hay mucho relacionamiento con las personas del territorio”.
Este trato distante entre empresarios y mineros artesanales, que por su condición han laborado siempre en la informalidad, sin salario ni prestaciones ni medidas de seguridad adecuadas, ha generado tensiones permanentes.
A las minas operadas por empresas familiares o por ‘patrones’, como denominan en la región a las personas con poder económico responsables de los títulos mineros, pueden llegar guaqueros a lavar los estériles, residuos extraídos de la mina, en busca de una piedra verde que les cambie la vida. Como no son sus empleados, no tienen ningún vínculo laboral. Si hallan algo de valor significativo comparten la ganancia con el titular, de lo contario deben conformarse con piezas de poca monta.
En el caso de las multinacionales Fura Gems Cozcuez, de capital Indio, situada en San Pablo de Borbur; y Minería Texas Colombia, de empresarios norteamericanos, asentada en Muzo, su llegada a la zona provocó un cambio de condiciones. Los extranjeros restringieron en unos casos, y prohibieron en otros, la guaquería en los cortes y en los depósitos de estériles, argumentando la vigilancia que deben tener sobre las áreas tituladas a su favor por el Estado y sobre sus propias ganancias, y evitar la ocurrencia de conflictos relacionados con seguridad y accidentes mineros.
Los evaluadores de Brújula Minera y de la Unidad de Planeación Minero Energética, en el marco de esa fase de formulación del ‘Plan Nacional de Desarrollo Minero con enfoque territorial’, advirtieron que son cada vez más escasas las zonas en donde los guaqueros pueden buscar el mineral. Una reflexión que conduce de inmediato a la necesidad de pensar en alternativas económicas complementarias para la población.
Urge revisar el código minero
En la provincia de Valderrama los analistas identificaron que los pequeños mineros de carbón se han logrado asociar en cooperativas para regular su actividad, sin embargo, detectaron “una brecha entre lo que plantea la institucionalidad respecto a qué es la minería ilegal y qué no, y aquello que efectivamente pueden hacer los pequeños mineros”.
El diálogo con los trabajadores del sector les permitió entender que la mayor parte de los mineros informales no disponen de la capacidad técnica ni económica para tramitar un título o formular un plan de manejo ambiental, a ellos se suman quienes, siendo titulares, es decir poseedores de un contrato de concesión con el Estado, no están al día con los requisitos de Ley, incluida su obligación de asegurar condiciones dignas a sus empleados.
Este escenario les permitió reflexionar sobre un asunto que cada vez parece más contundente: “Es posible que el código minero no esté adaptado a las condiciones de todos los territorios ni a todos los tipos de minería que existen en Colombia”, sostuvo la gerente de Brújula Minera.
Otras percepciones, surgidas de las entrevistas realizadas en las localidades de la provincia de Valderrama, reafirmaron una realidad adicional: los instrumentos para legalización y formalización no son acordes a las condiciones del territorio, la mayoría de la minería del carbón en Boyacá no la hacen grandes empresas, la hacen medianas empresas, cooperativas de mineros o de forma individual quienes venden el carbón al mejor postor.
Los mineros informales o artesanales son al mismo tiempo agricultores o ganaderos en escala reducida. Alternan estas actividades para lograr su sustento, sus cultivos de papa y cebolla soportan la seguridad alimentaria de las familias, pero no pueden depender económicamente de ellos por su baja rentabilidad, por el carbón les pagan mejor, especialmente en época de bonanza, un marco ideal para exacerbar la ilegalidad en su extracción.
Sobre el papel de las instituciones para ejercer monitoreo y mitigar la incidencia de la ilegalidad, la evaluación de Brújula Minera y de la Unidad de Planeación Minero Energética les llevó a comprobar la incapacidad de las entidades estatales para ser eficientes en la aplicación de controles, especialmente porque buena parte de esa tarea recae en las alcaldías. La falta de personal suficiente y entrenado, de presupuesto y equipos, y su cercanía, en algunos casos su familiaridad con los mineros informales, conflictúa el ejercicio de la autoridad.
________________________________________________________________________________________Este reportaje fue posible gracias al apoyo de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales (USAGM) y la Voz de América.
