Desde 2024 habitantes de al menos seis veredas de Moniquirá, Coralina, Chovo, Monsalve, La Pila, San Cristóbal y Monjas, vienen denunciando afectaciones persistentes que atribuyen a la operación de la granja Avícola La Vega, de la empresa Pollos El Dorado.
Según líderes comunitarios de la zona como Alex Agudelo, los malos olores, la proliferación de insectos y posibles impactos en la salud llevan años sin una solución de fondo.
El conflicto escaló recientemente hasta derivar en una protesta que bloqueó durante más de 15 días el ingreso y salida de aves de la granja, generando una crisis paralela: el represamiento de cerca de 140.000 pollos en condiciones de hacinamiento.
Sí hay impacto por olores
A pesar de las declaraciones del gerente general de inversiones El Dorado, Fabio Domínguez, en el sentido de que ninguna autoridad ha hecho o emitido “pronunciamientos, ni sanciones, ni llamados a la atención sobre absolutamente nada”, y de que la empresa “tiene el sello avícola de la sostenibilidad en su máxima categoría diamante otorgado por el Icontec”, la directora de Corpoboyacá, Jeimy Echeverría, confirmó que estudios realizados por la autoridad ambiental concluyeron que la granja sí constituye una fuente de olores ofensivos con impacto negativo significativo en la población aledaña.
El análisis se realizó en el marco de la Resolución 1541 del Ministerio de Ambiente, y derivó en un requerimiento formal: la empresa deberá presentar un plan de reducción de impacto por olores.
Este documento, exigido mediante la Resolución 33041 de noviembre de 2025, deberá ser radicado a más tardar el 29 de julio de 2026, tras resolverse un recurso de reposición interpuesto por la compañía. De esta manera una autoridad técnica valida parcialmente las denuncias comunitarias.
Moscas: el otro conflicto
Distinto es el caso de la proliferación de moscas, otro de los ejes de la protesta. Aquí el panorama es más incierto. Corpoboyacá, a través de su directora, aclaró que este fenómeno no es de su competencia directa, al tratarse de un asunto de salud pública.
La responsabilidad recae en entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y las secretarías de salud, municipal y departamental. En ese sentido, el ICA asumió el compromiso de realizar un estudio técnico para determinar si la presencia de vectores está asociada a la actividad avícola o a otros factores.
Ese informe también deberá estar listo el 29 de julio, fecha que se perfila como un punto decisivo para el futuro del conflicto.
"La proliferación de insectos y posibles impactos en la salud llevan años sin una solución de fondo".
El argumento empresarial
Desde la otra orilla, la empresa rechaza las acusaciones. Fabio Domínguez, gerente de Inversiones El Dorado, insistió en que la granja no tiene sanciones ni requerimientos ambientales o sanitarios vigentes que justifiquen las protestas. Su declaración fue desvirtuada por el pronunciamiento oficial de Corpoboyacá.
El directivo respaldó su posición en certificaciones como el sello de sostenibilidad avícola del Icontec y el reconocimiento del ICA como granja biosegura. Además, afirmó que visitas de funcionarios del Ministerio de Ambiente no habrían encontrado evidencia que relacione directamente la operación con los impactos denunciados, aunque este punto no ha sido formalizado en un informe público conocido.
La empresa también advirtió sobre las consecuencias del bloqueo: el hacinamiento de aves, aumento de mortalidad y posibles implicaciones legales por maltrato animal.
Una salida negociada… con plazos largos
Tras la intervención de la Gobernación de Boyacá y la mediación de entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Policía, se logró levantar la protesta mediante una hoja de ruta con tres compromisos:
- Estudio técnico del ICA sobre vectores
- Presentación del Plan de mitigación de olores por parte de la empresa
- Construcción de un plan conjunto de impacto social y empleo
Aunque el acuerdo permitió destrabar la crisis inmediata, incluida la salida de las aves retenidas, deja abiertos interrogantes de fondo: los plazos de tres meses prolongan la incertidumbre de las comunidades, mientras los impactos denunciados continúan.
Por ahora el conflicto entra en una fase técnica. Pero en las veredas afectadas, el problema sigue siendo cotidiano: aire pesado, insectos persistentes y la sensación de que la solución aún está en trámite.
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