En un concepto técnico – jurídico elaborado por la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Boyacá, y conocido por entreojos.co, el organismo de control evaluó el riesgo que representaría la instalación de paneles solares de los proyectos de energía solar fotovoltaica PSR 3 y PSR 4 en área de páramo de los municipios de Sotaquirá y Paipa.
La planta solar, los paneles y las redes de transmisión cobijarían los sectores Alto y Bajo de la vereda Carrizal, de Sotaquirá; y las veredas La Bolsa, Llano Grande, Sativa y El Volcán, de Paipa.
En primera instancia la Procuraduría expone que a partir de la Resolución 1296 de junio 28 de 2017, a través de la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible delimitó el páramo Guantiva – La Rusia, tanto Corpoboyacá como la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) deben avanzar en la zonificación de las 119.009 hectáreas que lo componen, y determinar su régimen de usos. Este complejo paramuno se extiende por municipios de los departamentos de Boyacá y Santander.
La Procuraduría considera que no existen normas claras sobre la adecuación de sistemas de energía solar fotovoltaica en páramos y le plantea a la autoridad ambiental, y en particular a Corpoboyacá, “actuar con prudencia frente a situaciones en las que no es posible evaluar un riesgo exacto a generarse en un área protegida”.
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La oficina delegada para asuntos ambientales y agrarios de la Procuraduría le sugiere a la Corporación la posibilidad de “prohibir o abstenerse de autorizar actividades que pueden ser lesivas a un ecosistema estratégico, máxime con la gran cantidad de extensiones de paneles a instalar” y le pide invocar el principio de precaución “referido a la necesidad de tomar medidas ante la ausencia de la certeza”.
El principio precautorio ha sido una constante en tratados internacionales y decisiones judiciales en temas ambientales, más cuando se trata de proteger la diversidad e integridad de las riquezas naturales de la nación y de conservar áreas de importancia ecológica”, explicó la Procuradora 31 Judicial Ambiental y Agraria de Boyacá, Alicia López Alfonso.
En referencia a la Sentencia T-445 de 2016 de la Corte Constitucional, la funcionara cita que “la protección jurídica del medio ambiente es hoy una necesidad universalmente reconocida la cual busca dar una respuesta contundente a las agresiones que sufren los ecosistemas de nuestro país. Más aún si se tiene en cuenta que la protección de los recursos renovables asegura la supervivencia de las generaciones presente y futuras”.
De manera específica, la Procuradora expresa su preocupación por los impactos negativos que los proyectos de energía solar fotovoltaica tendrían sobre la regulación hídrica, la fenología de las especies y de manera particular sobre la avifauna.
Video preparado por el Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi.
“La instalación de trescientos sesenta y cuatro mil (364.000) paneles solares generaría importantes cambios en la temperatura local y aunado a ello estaría la presencia de la superficie reflectante de los paneles, que actúan como atractores para las aves… estas superficies tienden a ser confundidas por la avifauna con grandes cuerpos de agua (con efectos similares a los de una ventana) causando ello desorientación en el patrón de vuelo, lo que conlleva a lesiones o la muerte”, se indica en el documento técnico – jurídico.
Allí también se advierte que los proyectos fotovoltaicos PSR3 y PSR4 están contiguos al humedal Cardón o Cortadera.
La posición de la Procuraduría se apoya además en los conceptos de uso del suelo exhibidos por la Alcaldía de Sotaquirá para reiterar que el uso principal de los predios cobijados por los proyectos (Jamaica 5 vereda Carrizal, El Desaguadero vereda Carrizal y Jamaica 6 vereda Carrizal) “está dirigido a la conservación forestal y de fauna, con énfasis en especies endémicas”.
Este concepto técnico – jurídico concluye con una exhortación a Corpoboyacá y a la CAS para avanzar en la elaboración del Plan de Manejo Ambiental del páramo Guantiva – La Rusia y “definir de manera clara las actividades que pueden realizarse dentro de ellas”.
De esta manera, advierte la Procuradora 31 Judicial Ambiental y Agraria de Boyacá, se puede “evitar que se presenten proyectos en esas áreas de páramo que no cumplan fines de protección y conservación”.
El equipo técnico de Corpoboyacá se encuentra en la fase de evaluación de los estudios de impacto ambiental de los dos proyectos, y para cumplir con los requisitos de socialización de los mismos, se ha previsto una jornada informativa para el primero de diciembre en Paipa, además de una audiencia pública ambiental en Sotaquirá programada para el día 17 de diciembre.
