Nelson Montero es el presidente del Consejo Departamental de Planeación, un organismo integrado por representantes del sector productivo, la academia, las iglesias, la población en condición de discapacidad y las ONG ambientales, entre otras.
Este consejo tiene una labor particular: evaluar, año a año, el progreso de los compromisos adquiridos por los gobiernos departamentales. Desde 2020 monitorean el cumplimiento de indicadores y metas del gobierno de Ramiro Barragán Adame y su equipo. Lo hacen con todos los gobiernos de turno.
Montero representa a la ONG Planeta Vivo y en esa condición también integra el Consejo Directivo de Corpoboyacá.
En esta primera parte de una extensa entrevista con entreojos.co, Montero centró su análisis en el cumplimiento de las metas del componente ambiental del Plan de Desarrollo del departamento En la segunda parte, que publicaremos la próxima semana, este abogado, especialista en derecho del medio ambiente, hará un descarnado análisis de la administración de Corpoboyacá.
Su evaluación de la situación ambiental del departamento comenzó con lo que denominó: “una nefasta articulación de todos los instrumentos de gestión ambiental del territorio”, una falencia de la que son responsables tanto la Gobernación como las corporaciones autónomas regionales (CAR), las alcaldías y las entidades del orden nacional como el Ministerio de Ambiente.
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Desde su perspectiva, y en la lógica de una eficiente gestión ambiental de los territorios, si los planes de gestión ambiental regional de las CAR y los Planes de Ordenación de Cuencas Hidrográficas (Pomcas) fueran tenidos en cuenta en la formulación de los planes de desarrollo departamental y municipales, “sería posible ejecutar acciones efectivas en materia de mitigación de los impactos ambientales y de conservación de los recursos naturales”.
Montero se refirió a algo que podría parecer obvio para lograr avances en materia de protección de los recursos naturales y de promover dinámicas de producción sostenible: además de la articulación de los instrumentos de gestión ambiental “es necesaria la destinación de presupuestos públicos para la ejecución de los programas y los proyectos”. Es claro que sin recursos económicos, los programas y proyectos no son más que un saludo a la bandera.
El consejero departamental citó otros instrumentos claves en la gestión ambiental de los municipios que generalmente terminan en los anaqueles de las alcaldías: los planes de gestión integral de residuos sólidos (Pgirs), los planes de saneamiento y de manejo de vertimientos (Psmv) y los planes de uso y manejo eficiente del agua, entre otros.
“Un plan de manejo y saneamiento de vertimientos, por ejemplo, va a permitir de manera directa la descontaminación de una fuente hídrica”, pero ante la falta de articulación y de recursos este tipo de proyectos en muchos casos no logran materializarse, insistió.
Hizo ver que de los 123 municipios de Boyacá, aproximadamente, solo el 6 por ciento cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales, “¿y cuántos de ese 6 por ciento funcionan y son operativos realmente?, se preguntó.
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“En el caso de Tunja – sostuvo – vemos un enorme retraso” y se refirió al reto de sanear la cuenca alta del río Chicamocha que “es quizá la segunda más contaminada del país porque nace muerta en el área rural de Tunja, tampoco hoy contamos en un 100 por ciento de agua potable en los acueductos rurales y urbanos”, acuñó.
Sobre la disposición de residuos sólidos y la situación de los rellenos sanitarios, Nelson Montero se refirió al problema de la laxitud de la política existente, al hecho de que solo haya dos lugares autorizados para la recepción de los residuos sólidos y de que los municipios actúen de manera desinteresada frente al tema.
“¿Qué ha pasado con la planificación y la estrategia que debe tener la Empresa Departamental de Servicios Públicos?”, cuestionó, en referencia a la tarea pendiente de formulación del Plan Integral de Residuos Sólidos del departamento.
El representante de la ONG Planeta Vivo reflexionó además sobre la falta de articulación con los municipios para el cumplimiento de lo expuesto en la Ley 99 de 1993, respecto a la inversión forzosa del 1 por ciento del presupuesto en la adquisición de predios de interés hídrico. “Si vamos a mirar los comportamientos financieros de muchos de los municipios, estos tienen un problema con ese tema del 1 por ciento”
En cuanto al nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo de Boyacá, el presidente del Consejo Departamental de Planeación fue categórico: “la gestión no es acorde con el territorio, no acorde con las necesidades y no acorde con los conflictos ambientales. En documentos, en indicadores es aceptable, con los componentes que he referido de manera técnica se pasa raspando el escenario ambiental, pero con un sinnúmero de problemas”.
Montero precisó que si bien la administración del gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, ha avanzado en el cumplimiento de metas e indicadores en materia ambiental incorporados en el Plan de Desarrollo, hizo ver que estas se quedan cortas y que el documento como tal, aprobado por la Asamblea de Boyacá en 2020, presentó falencias en su formulación.
Citó como ejemplo el bajo número de capacitaciones para atender 123 municipios en temas como residuos sólidos o sistemas de prevención del riesgo.
Desde entreojos.co nos dimos a la tarea de revisar el Plan de Desarrollo para corroborar la observación del consejero. Allí encontramos, por ejemplo, que en el Subprograma 68.2, Gestión Integral de los Residuos Sólidos, aparece como meta del cuatrienio la realización de apenas dos “Estudios de alternativas para el tratamiento de residuos sólidos; la ampliación y/o de nuevos rellenos sanitarios realizados”, cuando el departamento tiene 123 municipios con problemas de disposición y tratamiento de los mismos.
En esta revisión encontramos además que de los 53 indicadores del capítulo de Ambiente y Biodiversidad reportados por la Secretaría de Medio Ambiente en un informe de avance a diciembre de 2022, 17 tienen un nivel de cumplimiento del 100 por ciento.
Llaman la atención algunos por sus bajas metas. Uno de ellos se denomina ‘Proyectos Ambientales Universitarios PRAU’ fortalecidos’, su meta para el cuatrienio fue de uno y el mismo, por supuesto, hace parte de los resultados de efectividad.
En el componente de gobernanza del agua también se encuentra otro indicador que refleja el malestar del consejero departamental de planeación por lo poco ambicioso, está relacionado con el asesoramiento de acueductos rurales en el plan de uso y ahorro eficiente del agua (PUAEA). La meta para los cuatro años fue de 6, cuando en el departamento existen alrededor de 2.700 acueductos rurales, según el registro de la Secretaría de Salud de Boyacá.
Montero hizo una observación adicional en relación con el modelo de pago por servicios ambientales, como el implementado en el páramo de Rabanal, consideró necesario hacerle ajustes para que este tipo de iniciativas sean más efectivas.
El presidente del Consejo Departamental de Planeación reiteró que si bien con la información en meta física y meta financiera se avanza con cumplimiento satisfactorio, “es claro que los indicadores específicos están demostrando un retraso en elementos como la necesidad de generar la formulación de un plan de gestión frente a los páramos que se han identificado”.
Al final Nelson Montero se mostró en desacuerdo con el tratamiento de la cartera de ambiente respecto a la carencia de recursos, situación que, en su opinión, la limita a la hora de ser operante y de articularse con otras dependencias.
